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Los allanamientos ejecutados por la Fiscalía en dependencias municipales de Quito colocaron bajo la lupa varios procesos de contratación pública el miércoles 21 de octubre de 2026. En este escenario aparece el denominado caso Asfalto de Oro, una denuncia impulsada por el concejal Michael Aulestia (Construye )que pone el foco en contratos de obra pública, los actores mencionados en el expediente y los montos observados durante su fiscalización.
Michael Aulestia presentó dos denuncias ante la Fiscalía entre el 14 y el 18 de octubre de 2026 por posibles delitos de peculado y lavado de activos.
Según el concejal, el caso se relaciona con supuestas irregularidades en procesos de contratación pública adjudicados a consorcios privados. Su principal observación apunta a una posible concentración de contratos a través de una estructura integrada por consorcios, compañías y personas naturales vinculadas entre sí.
Aulestia sostiene que las observaciones alcanzan contratos de mantenimiento vial, asfaltado, infraestructura y espacio público ejecutados por distintas entidades municipales.
El concejal señaló que la documentación entregada a la Fiscalía menciona a tres funcionarios públicos y al menos 15 personas naturales y jurídicas relacionadas con los procesos observados.
Además, afirmó que dentro de varios procedimientos aparecen funcionarios fiscalizadores e integrantes de comisiones de contratación que se repiten en distintos contratos.
Aulestia aclaró que el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, no consta en la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Entre los procesos citados por el edil consta Ecovía, identificado como LICO-EMOP-2024-006, por aproximadamente cuatro millones de dólares.
También mencionó un contrato correspondiente a Vial Los Chillos, suscrito el 15 de marzo de 2024 por 334.000 dólares.
A estos se suman contratos relacionados con Vial Calderón, Rehabilitación Vial, Vial Eugenio Espejo, Asfaltado UIO, La Delicia, Sur U y J, Vial Conquistadores, Vial Quito, Vial La Libertad, Vial El Ejido y el proyecto Quitopía.
Según Aulestia, estos procesos forman parte de la información puesta en conocimiento de la Fiscalía.
Aulestia afirmó que los contratos vinculados con los hechos denunciados suman aproximadamente 65 millones de dólares.
De acuerdo con su revisión, las adjudicaciones observadas alcanzan 15 millones de dólares en 2022, 5 millones en 2023 y 31 millones en 2024, además de otros procesos posteriores.
El concejal también aseguró que la estructura societaria señalada en la denuncia acumula cerca de 115 millones de dólares en contrataciones si se incluyen adjudicaciones obtenidas en otras entidades públicas y gobiernos autónomos descentralizados.
Tras las diligencias ejecutadas el 21 de octubre, Aulestia sostuvo que la investigación por posible peculado que motivó los allanamientos guarda relación con las denuncias que presentó días antes.
Por su parte, el concejal Andrés Campaña (Imparables) señaló que la investigación estaría vinculada con una posible concentración de contratos y afirmó que los agentes acudieron a las oficinas del alcalde durante el operativo.
Campaña también manifestó que existiría un beneficiario o un grupo de beneficiarios vinculados que recibió adjudicaciones en distintas áreas municipales, entre ellas rehabilitación vial y espacio público.
La Fiscalía informó que los allanamientos buscan recabar indicios dentro de una investigación relacionada con la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública adjudicados en 2024.
Según la entidad, esos contratos superan los cuatro millones de dólares.
Las diligencias se desarrollaron en oficinas del Municipio de Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), un consorcio ubicado en Rumiñahui y el despacho de un abogado particular.
Hasta el momento, la Fiscalía no identificó públicamente los contratos investigados ni informó resultados de los allanamientos.
Tras los operativos, el Municipio de Quito informó que colaboró con las autoridades, entregó la documentación solicitada y acompañó el procedimiento.
La administración municipal defendió la legalidad de sus procesos de contratación y sostuvo que cualquier investigación debe desarrollarse con pruebas y respeto al debido proceso.
Por ahora, la Fiscalía no procesa a persona alguna dentro de esta causa y la investigación continúa en etapa de recolección de indicios.
El caso Asfalto de Oro se relaciona con denuncias por posibles delitos de peculado y lavado de activos en procesos de contratación pública del Municipio de Quito.
Contexto: El concejal Michael Aulestia presentó dos denuncias ante la Fiscalía entre el 14 y el 18 de octubre de 2026. Según el edil, existiría una posible concentración de contratos en consorcios, compañías y personas naturales vinculadas entre sí.
El concejal Michael Aulestia, de Construye, presentó las denuncias ante la Fiscalía.
Contexto: Aulestia señaló que la documentación entregada menciona a tres funcionarios públicos y al menos 15 personas naturales y jurídicas relacionadas con los procesos observados. También aclaró que el alcalde Pabel Muñoz no consta en su denuncia.
La denuncia menciona procesos de mantenimiento vial, asfaltado, infraestructura y espacio público, entre ellos Ecovía, Vial Los Chillos, Vial Calderón y Asfaltado UIO.
Contexto: También aparecen contratos relacionados con Rehabilitación Vial, Vial Eugenio Espejo, La Delicia, Sur U y J, Vial Conquistadores, Vial Quito, Vial La Libertad, Vial El Ejido y el proyecto Quitopía.
Según Michael Aulestia, los contratos vinculados con los hechos denunciados suman aproximadamente 65 millones de dólares.
Contexto: El concejal desglosó 15 millones de dólares en adjudicaciones de 2022, cinco millones en 2023 y 31 millones en 2024, además de otros procesos posteriores. También afirmó que las entidades societarias señaladas acumulan cerca de 115 millones de dólares en contrataciones si se incluyen adjudicaciones de otras instituciones públicas y gobiernos autónomos descentralizados.
La Fiscalía informó que los allanamientos buscan indicios sobre la posible adjudicación irregular de dos contratos de obra pública otorgados en 2024, cuyo valor conjunto supera los cuatro millones de dólares.
Contexto: Hasta el momento, la entidad no identificó públicamente los contratos investigados ni comunicó los resultados de las diligencias.