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Cámaras y moradores de zonas rurales piden al Municipio de Quito una solución integral para el impuesto predial

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio (centro); Pablo Zambrano, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Carlos Riofrío, representante de los habitantes de las tres áreas rurales ofrecieron una rueda de prensa la mañana de est

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio (centro); Pablo Zambrano, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Carlos Riofrío, representante de los habitantes de las tres áreas rurales ofrecieron una rueda de prensa la mañana de est

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio (centro); Pablo Zambrano, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Carlos Riofrío, representante de los habitantes de las tres áreas rurales ofrecieron una rueda de prensa la mañana de este 23 de febrero del 2018. Foto: Ana María Carvajal / EL COMERCIO

Las Cámaras de Comercio y de Industrias de Quito, junto a habitantes de Cumbayá, Tumbaco y Nayón piden al Concejo Metropolitano y al alcalde, Mauricio Rodas, que trabajen en una solución integral para los propietarios de más de 800 000 predios reavaluados en diciembre.

Este viernes 23 de febrero del 2018, Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio; Pablo Zambrano, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Carlos Riofrío, representante de los habitantes de las tres áreas rurales ofrecieron una rueda de prensa en la que criticaron la forma en la que se actualizó el Catastro de Quito, porque derivó en avalúos exagerados que incrementaron drásticamente el valor del impuesto predial.

Alarcón dijo que están de acuerdo en que se revaloricen los predios y que se cobre un impuesto justo. Pero consideran que los excesos le restan competitividad a Quito porque "le quitan dinero al consumidor".

Mencionó que se han detectado casos de incremento del 100, 200 y hasta 500% en el impuesto y que la situación del país no permite variaciones tan drásticas.

Zambrano agregó que el Consejo de Competitividad de Quito debió analizar los cambios en el Catastro para que se hicieran de forma razonable. Pidió sensibilidad a los concejales y al Alcalde para revisar el tema. Mencionó el caso de los hoteles, que están entre los más afectados, porque es difícil atraer al turismo si se deben subir los precios de hospedaje, por ejemplo.

Según Zambrano, hubo reuniones para buscar una salida pero él considera que no sirvieron de nada porque al final, el Municipio decidió que se debe hacer un trámite individual. Por eso pide una solución técnica, jurídica y justa para todos y no solo para quienes realicen in trámite nuevo.

Riofrío dijo representar a un grupo de ciudadanos que están entre los más afectados por las ordenanzas que permitieron los incrementos. A inicios de año se entregaron 2 000 firmas de reclamo y hasta el momento han sumado alrededor de 10 000. Este grupo se comprometió a respaldar las acciones legales y políticas que deban tomarse y mientras tanto no pagar el impuesto hasta que la situación se aclare por completo.

Según su criterio, en este punto no basta con métodos y fórmulas sino que es necesario derogar las ordenanzas que los provocaron. Agrega que el Concejo aprobó las ordenanzas y es el que debe resolver el problema.

El avalúo incide no solo en el impuesto predial sino también en los tributos a la plusvalía, las donaciones, las herencias, la contribución especial de mejoras, las declaraciones patrimoniales, según Riofrío. Dijo, además, que incluso si no hay solución y se vuelve necesario, se podría iniciar incluso un proceso de revocatoria del mandato de las autoridades responsables de este problema.

Alarcón puntualizó que están abiertos al diálogo y que agotarán todas las posibilidades en ese sentido con el fin de que se cumpla la oferta inicial. Relata que en reuniones en el Municipio les informaron que se revisaría el 90% de avalúos y que se definiría un incremento máximo del 20%.

Si no se logra que esto se cumpla, dijo Alarcón, se analizarán otras medidas como medidas cautelares, amparos constitucionales o medidas similares.