Redacción Política
El control de los medios será una competencia directa del Consejo de Comunicación e Información, si se aprueba el proyecto de Ley de Comunicación que debate la Asamblea Nacional.
El artículo 72, que crea esta instancia de control, es el corazón de la propuesta legal. Su contenido se convierte en el eje transversal de todo el documento.
El Consejo tendrá facultades que van desde la definición de políticas comunicacionales hasta la posibilidad de llevar un registro de los medios de comunicación. También podrá resolver las quejas presentadas en contra de los medios y aplicar las sanciones respectivas.
En otros países
En Chile hay un Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, el cual actúa como autorregulador en materia de ética informativa sobre la labor que realiza la prensa.
La Ley de Comunicación argentina abarca la creación de un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, que contempla la participación de varios delegados de lo medios.
En Venezuela se creó el Consejo de Responsabilidad Social,
integrado por representantes del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, de las organizaciones sociales juveniles, de las iglesias, de las escuelas de comunicación social, entre otros organismos.
Con funciones de control social, en Nicaragua se creó el Consejo Nacional de la Comunicación, que tendrá un carácter consultivo y deliberativo.
Las atribuciones del organismo son claras: velar, decidir, sancionar y resolver. Sin embargo, el asambleísta de Alianza País que propuso la creación de esta instancia de control, Rolando Panchana, ha sostenido que existe un temor injustificado por la potestad que tendría el Consejo de Comunicación para emitir sanciones contra la prensa. “En el texto del proyecto se explica que la última decisión tendrá un juez de lo Contencioso y Administrativo”.
Otro de los puntos que generan polémica es la conformación del Consejo de Comunicación. Según el artículo 73, este quedaría integrado por un delegado del Ministro de Educación, otro del Ministro de Cultura, un representante de las Facultades o Escuelas de Comunicación Social y tres Representantes de la ciudadanía elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana.
De acuerdo con el procedimiento para la designación de los vocales, el Ejecutivo solo requeriría conseguir dos votos más a favor y, con ello, armar mayoría, Kléber Chica, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, cuestiona que tampoco haya representantes de lo medios de comunicación en el Consejo. Esto a pesar de que la Constitución prohíbe que, en los organismos de control, haya miembros de sectores sujetos a esa vigilancia.
No obstante, Hugo Carro, periodista con 30 años de experiencia, no está de acuerdo con la creación de este organismo. “No es posible que en un tribunal médico no esté presente un doctor”. Otro tema tiene que ver con la posibilidad de auditar el contenido de los medios. ¿Quién será el facultado para hacerlo?
Las tres propuestas de Ley de Comunicación, que inicialmente se presentaron a la Asamblea, sugerían que los ciudadanos se organicen para plantear temas de discusión. Además, para llamar la atención a los medios, cuando estos atenten contra sus derechos.
En el actual proyecto de ley, las veedurías y los observatorios deberán recurrir al Consejo de Comunicación. El propósito es que sus opiniones puedan incidir en el trabajo de los medios.
En definitiva, el corazón del Sistema de Comunicación sería el Consejo. De hecho, su conformación y competencias están fijadas en un capítulo de 14 artículos.
Estas funciones están determinadas en 18 incisos. Entre ellas: auditar el tiraje o la sintonía de los medios de comunicación social, para transparentar los datos sobre la producción de estos medios. Una tarea amplísima, considerando el número de canales y emisoras a escala nacional.
Para José Alfonso Ruccisano, prosecretario general de Redacción de la Agencia Nacional de Noticias Télam, de Argentina, la creación de un Consejo de Comunicación e Información sería eficaz y necesaria si no avasalla la libertad de prensa.
Puntos de vista
‘La ley se concentra en los medios’
Fausto Cobo / Asambleísta PSP
El corazón de la ley es la visión que se tiene del Sistema de Comunicación. A la cabeza está el Consejo de Comunicación e información que será un tribunal inquisidor, un filtro político. Si uno se da cuenta, la intención del Gobierno fue determinar que las acciones sean auditar, resolver, vigilar, decidir. Todo eso significa control. Ese es el resultado. Más todavía está la capacidad de sanción. Lo que hizo la mayoría del Gobierno fue tipificar las responsabilidades ulteriores de una manera administrativa, yéndose en contra de lo que prevén los instrumentos internacionales.
El modelo es totalitario y controlador. Su objetivo político es el control de los medios. Tratan de maquillar poniendo una serie de artimañas para que no aparezca como controlador, pero en cada uno de los puntos de sus competencias está implícito eso. La idea del Consejo es una réplica del concepto que tienen en todas las leyes. La necesidad de que el Gobierno tenga el control.
Esta ley deja de ser de Comunicación para convertirse en una ley de medios que está parcializada. En el tema del registro dejan abierta la posibilidad para que este Tribunal pueda convocar al medio de manera obligatoria cuando crean necesario la actualización de datos.¿Qué datos? ¿Por qué vinculan este registro con el código de ética?…
‘No veo una función sancionadora’
Fernando Checa / Director de Ciespal
Me parece que es interesante que haya un Consejo de esta naturaleza. Apenas hay dos representantes del Ejecutivo de seis integrantes. No es como se ha dicho, un predominio de ellos. Podríamos decir que a lo mejor no puede estar nadie del Ejecutivo, que tenga el mismo nivel de los otros miembros del Consejo. No veo que tenga una intención coercitiva, sancionadora de ningún tipo. Tal vez son excesivas las funciones y demasiado grandes como realizar un seguimiento de la programación de todos los medios de comunicación del país.
¿Es posible hacer un seguimiento? Lo veo desmesurado, demasiado grande, como para que un colectivo lo haga. No veo que haya una función sancionadora. Se ha cuestionado lo del registro de los medios de comunicación, habrá que esperar a ver qué dice el reglamento. Lo importante es que el Consejo también lo integrarán los ciudadanos. La otra posibilidad es la autorregulación de los medios y la otra es desde la ciudadanía. El registro me parece importante para conocer la realidad mediática del país.
Creo que un elemento para transformar la realidad es conocerla. Sería importante para establecer necesidades de capacitación, de entrenamiento. No veo el problema en ese sentido.