La provisión del cannabis medicinal todavía es un reto
Omar Vacas, docente de la PUCE, investiga el cannabis medicinal para uso terapéutico. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
Sentada en el sillón de su casa en Llano Grande, María De Luna recuerda que Génesis, su hija de 16 años, estuvo en estado vegetativo luego de la cirugía para frenar la epilepsia: no hablaba ni se movía. “Hoy, mírela”, dice, mientras la joven sirve galletas y jugo a las visitas. Su mejoría -cuenta- se debe al cannabis medicinal.
Su enfermedad apareció a los 4 años. Sufría más de 20 convulsiones diarias, producto del síndromeLenox Gasteud, epilepsia grave. Tomó fármacos y fue operada. Nada funcionaba. Luego conoció del cannabis medicinal. Sentía miedo y pese a eso se arriesgó. “Fue la mejor decisión”.
El 17 de septiembre, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que “la tenencia o posesión de fármacos que contengan el principio activo del cannabis o derivados con fines terapéuticos, paliativos, medicinales o para el ejercicio de la medicina alternativa con el objeto de garantizar la salud, no será punible, siempre que se demuestre el padecimiento de una enfermedad”.
La reforma al COIP espera el veto del Ejecutivo hasta el 17 de octubre. El Ministerio de Salud normará cómo se realizarán los diagnósticos, pero -dijeron- que se pronunciará luego del veto.
Hoy, pacientes y familiares deben ingeniarse para acceder al producto. María, por ejemplo, llegó a una asociación de familias y pacientes con enfermedades graves como la de Génesis. Allí le proporcionaron el aceite de cannabis. Al inicio le suministraba dos gotas, pero a raíz de que le quitaron dos fármacos, subió a tres diarias. En un vaso con jugo, María deposita el líquido del frasco, que permanece en la sala. Génesis lo toma.
En Argentina se legalizó en el 2017 el uso de cannabis para pacientes bajo prescripción médica; así como consta en el proyecto de ley ecuatoriano. Y se garantizó el acceso gratuito a quienes están inscritos en un registro oficial de pacientes.
“Lo interesante del COIP es que se abre la posibilidad de que las personas decidan qué tratamiento usar”, explica Cristina Martínez Rosero. Es médica y vocera de Ecuador Cannabico, agrupación que empezó el 2015 la lucha por la despenalización.
En el grupo está Esteban Almeida, joven de 37 años que se dedica al activismo y a la provisión de extractos, aceites y cremas terapéuticas. Con ellos se tratan insomnio, depresión, estrés, heridas en mascotas.
La agrupación precisa que existe diferencia entre la marihuana y el cannabis medicinal. Para ello, en el procesamiento de la planta se separan el CBD y THC; este último es el componente psicoactivo .
En la reforma al COIP se plantea un cambio en el artículo 222, referente a la siembra o cultivo. Allí se precisa que ahora se sancionará con cárcel de uno a tres años específicamente a “la persona que siembre, cultive o coseche plantas para extraer sustancias que por sí mismas o por cuyos principios activos van a ser utilizadas en la producción d sustancias estupefacientes y psicoactivas, con fines de comercialización”.
La reforma dejará libre de sanción al cáñamo, que contiene apenas 1% de THC. La regulación y control será una competencia del Ministerio de Agricultura. Este Diario pidió información a esta entidad, se espera una respuesta.
Este punto fue uno de los últimos en incluirse en el texto final, dice Gustavo Chiriboga, asesor parlamentario.
El cáñamo es usado por Carlos Landázuri y Andrés Velásquez, de Florida Mood Control. Para ellos, con la legalización del cannabis medicinal, Ecuador puede abrirse también a un mercado textil y de papel.
Para académicos universitarios como Omar Vacas, de la Católica, y Martha Suárez, de la Central, es una oportunidad para la investigación. Vacas subraya que en la reglamentación se debe determinar, entre otros, el tipo de semillas, características, siembra y cultivo. La Católica tiene interés en investigar; así como lo hace con las 2 900 plantas medicinales que existen en el país.
