En Cuenca, familiares de los internos fallecidos el martes buscaban información. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO
La tensión no paró ayer, 24 de febrero del 2021. Familias enteras llegaron a los reclusorios de tres ciudades, para pedir información sobre sus parientes. En total, hasta las 18:30 estaban confirmadas 79 víctimas. En Cuenca -en donde hubo la mayor cantidad de crímenes- madres, padres e hijos tuvieron que reconocer uno a uno los cadáveres.
Fiscalía confirmó que 18 fueron desmembrados. Pertenecían al pabellón de máxima especial, llamado Tomebamba.
Un equipo de Criminalística, experto en personas fallecidas durante matanzas, efectúa el reconocimiento exterior e identificación de los cuerpos.
En el Puerto Principal, la violencia no cesó. Por la mañana se activaron nuevos disturbios. Los primeros reportes señalaron que a las 07:00 empezó otro amotinamiento. Por eso, unidades élites de la Policía se trasladaron a ese centro carcelario, para disuadir a los internos. Agentes de grupos especiales -como GEO, GIR y UMO- empezaron a ingresar a la cárcel en vehículos y motos.
En Cotopaxi, los familiares de los internos llegaron de diferentes sectores y buscaban información de quienes se encuentran recluidos.
En el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal se nombró una Comisión Especial, para exigir que se adoptasen medidas urgentes que eviten que la situación de violencia se desborde.
El presidente de la República, Lenín Moreno, informó que las Fuerzas Armadas apoyarán con el control de armas, explosivos y municiones en el perímetro externo de los centros de rehabilitación “durante las 24 horas del día y por el tiempo que sea necesario”.
Además, dispuso a sus ministros que, en el ámbito de sus competencias, “redefinan los parámetros de la política de seguridad penitenciaria en concordancia con el escenario que se vive actualmente”.
Finalmente, dijo que hoy, 25 de febrero, en el gabinete de Prosur, solicitará apoyo internacional para combatir el crimen organizado que tiene presencia regional.
Ayer, 24 de febrero del 2021, la cárcel regional de Cotopaxi permaneció resguardada por policías y militares. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
Rehabilitación, con menos recursos
El presupuesto anual para el sistema de rehabilitación cada vez es menor. En el 2017, cuando este Gobierno asumió el poder, el entonces Ministerio de Justicia recibió USD 153,1 millones. En el 2019 cambió de nombre y se denominó Servicio de Rehabilitación.
La nueva entidad comenzó a operar con USD 107,9 millones y para este año se asignaron USD 91,4 millones.
Datos oficiales muestran que esos fondos alcanzan a cubrir solo los salarios de los 2 609 funcionarios (administrativos y guías penitenciarios) y para el pago del servicio de alimentación para presos.
¿Qué ocurre con la inversión? Datos oficiales detallan que se necesitan USD 165,9 millones para remodelar 36 centros, construir otros 10 y adquirir grilletes. Para talleres, capacitación laboral a los privados de libertad y atención con personal adecuado se requieren USD 4,6 millones más.
El déficit de guías no se resuelve
Uno de los problemas persistentes en las cárceles es la falta de guías. En este momento, cada uno tiene a su cargo 26 presos.
Pero la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) recomiendan contar con un celador por cada 10 internos. En el país faltan 3 153 agentes penitenciarios.
La incorporación del nuevo personal está pendiente desde el 2017. El 30 de julio de ese año se graduó la última promoción.
La ceremonia se realizó en la escuela Tres Cerritos, en El Oro, un centro que hoy está abandonado. En octubre del año pasado se dio de baja un proceso de selección.
Esto ocurrió, pese a que 500 aspirantes ya habían pasado las pruebas psicológicas, médicas, físicas, de confianza y se disponían a asistir al curso de formación, último requisito para trabajar. Hoy está en marcha un nuevo proceso para incorporar 200 celadores.
Dos estados de excepción fallidos
Los dos estados de excepción carcelarios emitidos -mayo del 2019 y agosto del 2020- no dieron resultados. En ambos casos se dijo que la idea era frenar a las mafias que habían provocado actos de violencia en las penitenciarías.
Pero en medio de esas declaratorias y de las operaciones militares y policiales se produjeron asesinatos. Por ejemplo, apenas tres días después de adoptada la medida, en el 2019, los presos mataron a dos internos en la penitenciaría del Litoral. En el 2020 ocurrió igual.
La Corte Constitucional advirtió al Gobierno que ya extendió las declaratorias del estado de excepción sobre el tema carcelario hasta el máximo permitido por la Constitución. Por eso, ordenó que la situación de los centros penitenciarios fuese superada mediante un régimen ordinario; es decir, bajo las normativas y leyes vigentes.
Estas afirmaciones son parte del dictamen Nº 6-20-EE/20.
Deficiencias legales y falta de políticas
El Gobierno reconoce que el “modelo y la normativa legal” vigentes sobre las cárceles “son deficientes”. Las políticas para solventar la crisis debido a la violencia penitenciaria han apuntado solamente a los estados de excepción. Desde el Gobierno se indica que trabajan en políticas a largo plazo.
La Corte Constitucional también ordenó tener un plan para solventar las crisis en régimen ordinario, es decir, mediante leyes vigentes, a mediano y largo plazo.
El Servicio de Rehabilitación dice que se buscan “reformas legales en Derecho Ejecutivo Penal y Administración de Justicia” para evitar que presos sin sentencia llenen las cárceles del país y para mejorar las condiciones de los internos.
En el sistema carcelario nacional también han existido cambios constantes de sus directivos.
En el actual gobierno, cuatro directores han estado al frente de Rehabilitación Social.
Las bandas actúan con impunidad
¿Qué hay detrás de los múltiples asesinatos en las cárceles? Servicios
de Inteligencia penitenciaria saben que de por medio está una pugna entre facciones de Los Choneros.
Según pesquisas, luego del asesinato de alias ‘Rasquiña’, su máximo cabecilla, estos grupos intentan tomarse el control de esa mafia al interior de las penitenciarías.
Los agentes señalan que la disputa del martes se produjo entre dos facciones. Una la conforman los Lobos, Tiguerones, Chone Killers y rezagos de los Latin Kings. Agentes dicen que ellos impulsan el ascenso al poder de alias ‘Pipo’.
El otro bando está conformado por presos que están bajo el mando de alias ‘Fito’ y alias ‘Júnior’, que eran cercanos a alias ‘Rasquiña’.
Los investigadores señalan que todos quieren controlar los ingresos económicos ilegales por dejar entrar comida, vituallas, jabones, por vender cigarrillos o por dejar usar el agua para bañarse.
