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Las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) evidenciaron sus discrepancias respecto al concurso para elegir a un nuevo Contralor General del Estado, este miércoles 18 de agosto de 2021, en su comparecencia a la Comisión de Transparencia de la Asamblea.
Hernán Ulloa, vocal del Cpccs, manifestó que tiene reparos al sistema de puntajes sobre la formación académica, capacitaciones, entre otros requisitos, que fue establecido por la mayoría que opera en el Cpccs para el reglamento.
El presidente (s) @davidroserow explica que se ha realizado la consulta a la @CorteConstEcu y se terminó la construcción de la normativa para el concurso de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
— Participa Ecuador (@CpccsEc) August 18, 2021
Afirmó que este escenario provocará que cualquier postulante decida recurrir a la justicia para presentar una medida cautelar para suspender los efectos y resoluciones del Consejo.
Sin embargo, el vicepresidente del organismo, David Rosero, y el consejero Xavier Dávalos defendieron el concurso y denunciaron que hay intereses ocultos para obstaculizar el proceso.
A diferencia del Consejo Transitorio, hemos eliminado la prueba oral, para que se evalúen los conocimientos de los participantes, las preguntas las realizarán los mejores catedráticos del país, que serán recomendados por las mismas universidades.
— Participa Ecuador (@CpccsEc) August 18, 2021
“Son los consejeros abogados que constantemente están preparando y diseñando todos los mecanismos para entorpecer este proceso, con el afán de, creería yo, de perennizar en el cargo al delegado del señor (Pablo) Celi, al señor (Carlos) Riofrío”, señaló Dávalos.
Rosero añadió que “antes no se hizo reglamento, instructivo, evaluación, veeduría, impugnación, no se calificó méritos, no se aplicó pruebas de conocimientos, (sino que) se impuso a un contralor por la ventana”.
La consejera María Fernanda Rivadeneira sostuvo que la actual presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, fue una funcionaria de carrera de la Contraloría, y consideró que “el Pleno debe establecer si hubo o no un conflicto de intereses” al aprobar el reglamento.