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El Tribunal de Garantías Penales de Quito aceptó a trámite la acción de protección presentada por Verónica Abad, Vicepresidenta de la República, en contra de tres decretos ejecutivos firmados por el presidente Daniel Noboa Azín.
La demanda, según se detalló, incluye una solicitud para suspender los efectos de los decretos que, a criterio de la accionante, vulneran sus derechos políticos y afectan la estabilidad institucional del país.
En su argumentación, la Vicepresidenta sostuvo que los decretos ejecutivos 490, 494 y 500 han restringido de manera arbitraria el ejercicio de su cargo, al declarar su ausencia temporal y designar reemplazos en funciones clave.
La demanda fue presentada junto con una solicitud de medidas cautelares, las cuales buscaban frenar de forma inmediata los efectos de los decretos. No obstante, el tribunal declaró improcedente esta solicitud al considerar que los fundamentos presentados para las medidas cautelares coincidían con los de la acción principal.
La vicepresidenta ingresó su petición el 9 de enero en la Función Judicial, buscando la nulidad de varios decretos ejecutivos. Entre ellos se encuentran el Decreto 27, que la designa embajadora, y el Decreto 494, que encarga la vicepresidencia a Cynthia Gellibert.
Según Abad, estas acciones violaron sus derechos políticos, la seguridad jurídica, el principio de no discriminación y su dignidad humana.
La acción de protección fue dirigida contra la Presidencia de la República y la Procuraduría General del Estado.
Abad argumentó que su degradación de vicepresidenta a embajadora y luego a consejera constituyó una violación a sus derechos.
El Tribunal destacó que Abad había entremezclado las medidas cautelares con la acción de protección en su solicitud. En el auto de resolución, se indicó que esta combinación generaba una imposibilidad jurídica para su aceptación. Por lo tanto, las medidas cautelares solicitadas fueron denegadas.
A pesar de esto, la acción de protección fue admitida a trámite. El Tribunal consideró que el recurso cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, ordenó que se coordine una audiencia pública para sustanciar el caso.
El Tribunal también señaló que la audiencia será oral y contradictoria. Este proceso permitirá escuchar las argumentaciones tanto de la parte demandante como de las instituciones demandadas.
Aún se espera que se definan los siguientes pasos procesales como la hora y fecha de la audiencia.
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