La Corte Constitucional del Ecuador emitió un comunicado oficial este 8 de enero de 2025 para informar sobre el manejo de casos de alta relevancia nacional que han llegado a su conocimiento. Entre estos procesos constan casos que involucran a Daniel Noboa y Verónica Abad.
Más noticias
En el documento, se subraya que la institución actúa estrictamente en el marco de las competencias establecidas por la Constitución y la Ley Orgánica de GarantÃas Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El boletÃn enfatiza que la Corte no puede actuar de oficio ni intervenir en asuntos que estén fuera de su competencia. Su papel, aseguran, es garantizar la defensa del orden constitucional, sin asumir una posición exclusiva en esta tarea, para evitar comprometer su imparcialidad.
Procesos judiciales en trámite
El comunicado detalla el estado de varios casos en trámite. Uno de ellos es la causa que impugna la Ley Orgánica para la Mejor Recaudación a través del Combate al Lavado de Activos. La demanda fue admitida a trámite de demanda, y actualmente está bajo la sustanciación de la jueza ponente Karla Andrade Quevedo.
Otro caso destacado es el relacionado con una consulta sobre la constitucionalidad de ciertos artÃculos de una resolución ministerial en el contexto de una acción de protección. Este proceso también fue admitido y se encuentra a cargo de la jueza Daniela Salazar MarÃn.
Impugnaciones y cumplimiento de dictámenes
La causa 1-25-IS, presentada por Verónica Abad, busca el cumplimiento de un dictamen previo de la Corte Constitucional. El juez Richard Ortiz está a cargo del caso, que se centra en posibles incumplimientos de la ley vigente.
Por otro lado, la causa 1-25-EE aborda la constitucionalidad del decreto ejecutivo 493, que declaró el estado de excepción en varias provincias. Este caso está en proceso y ha sido asignado a la jueza ponente Teresa Nuques MartÃnez.
Casos relacionados con cargos de elección popular
El caso 1-25-FJ, presentado contra Daniel Noboa, requiere el cumplimiento del artÃculo 93 del Código de la Democracia.
Este establece la obligación de los dignatarios en función de licencia sin remuneración si optan por la reelección. La sustanciación está a cargo de la jueza Carmen Corral Ponce.
Finalmente, el caso 1-25-IV está vinculado a los decretos ejecutivos 494 y 500, que regulan el ejercicio de la vicepresidencia y el encargo de la presidencia. La Corte designó a la jueza Karla Andrade Quevedo como responsable de su sustanciación.
Compromiso con la transparencia y el derecho
En el comunicado, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la transparencia en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, garantiza que todas sus decisiones se toman en apego estricto al marco legal vigente y con el objetivo de atender las necesidades del paÃs.