Verónica Abad presentó una acción de incumplimiento a la Corte Constitucional tras el Decreto Ejecutivo 492

Verónica Abad acude a la Corte Constitucional para que analice su caso

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El Decreto Ejecutivo 492, firmado por el presidente Daniel Noboa el 2 de enero de 2025, ya tiene una respuesta de Verónica Abad. Este documento designa a Sariha Belén Moya, titular de la Secretaría Nacional de Planificación, como vicepresidenta encargada, por ‘ausencia del cargo’ de Verónica Abad. Sin embargo, Abad calificó esta decisión como una ‘herejía jurídica‘ y presentó una Acción de Incumplimiento ante la Corte Constitucional.

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Verónica Abad se dirige a la Corte Constitucional

Abad asegura que el decreto es inconstitucional, ya que las causales para considerar la ausencia de un vicepresidente están claramente definidas en la Constitución y no se aplican en su caso. En su cuenta en X, la vicepresidenta reiteró que este decreto vulnera el orden constitucional y exigió a los jueces priorizar su análisis para frenar lo que considera una medida arbitraria.


Los argumentos legales de Abad

El conflicto surge después de que Abad informara, el 27 de diciembre de 2024, que tomaría vacaciones hasta el 3 de enero, en lugar de viajar a Turquía para asumir el cargo de consejera, como le había solicitado Noboa. Basándose en esta decisión, el mandatario designó a Moya como reemplazo temporal, ya sea hasta el regreso de Abad o hasta el 22 de enero.

El abogado de Verónica Abad, Damián Armijos, destacó que la Corte Constitucional ya había establecido, mediante el dictamen 2-24-IC/24, que solo eventos como fuerza mayor podrían justificar la ausencia del vicepresidente. Según Armijos, este no es el caso, y el decreto presidencial constituye, a su criterio, una nueva ruptura del orden jurídico.


Un enfrentamiento político en un año clave

La disputa por la Vicepresidencia se intensifica en un momento crítico, con el inicio de la campaña electoral a pocos días de distancia. Mientras Noboa buscará la reelección, Abad se proyecta como su potencial reemplazo en caso de que el presidente deba pedir licencia para participar en la contienda.

Este no es el primer conflicto que enfrenta Abad. En diciembre de 2024, una jueza anuló una suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió que Moya asumiera el cargo de vicepresidenta encargada durante ese periodo. Ahora, la Corte Constitucional deberá resolver este nuevo capítulo de tensiones políticas, cuyo desenlace será clave para el futuro de la Vicepresidencia y del Gobierno.