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La Fiscalía General del Estado, a cargo de Diana Salazar, lleva adelante varias investigaciones de gran trascendencia relacionadas con presunta corrupción y delincuencia organizada en Ecuador.
Entre los casos más relevantes que continúan sin sentencias definitivas están el caso Plaga, el caso Reconstrucción de Manabí, el caso Purga y el caso Nene. Estas investigaciones revelaron presuntas estructuras corruptas que afectan diferentes ámbitos del sistema judicial y gubernamental.
El caso Plaga se centra en una supuesta red de corrupción que habría permitido la liberación irregular de personas privadas de libertad mediante el abuso de hábeas corpus. En el caso Reconstrucción de Manabí, se investigan desvíos de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016.
Por otro lado, el caso Purga está relacionado con presunta delincuencia organizada en el sistema judicial de Guayas, derivado del caso Metástasis.
Finalmente, el caso Nene implica al hijo de la vicepresidenta Verónica Abad en una investigación por oferta de tráfico de influencias.
La Fiscalía General investiga el caso Plaga, donde presuntamente se favoreció a personas privadas de libertad mediante el uso indebido de recursos judiciales.
Entre enero de 2022 y marzo de 2023, 241 presos obtuvieron su liberación alegando condiciones de salud no probadas. Estas acciones, según la Fiscalía, involucrarían a jueces, abogados y otros funcionarios judiciales.
El 3 de abril de 2024 se realizaron operativos simultáneos en varias provincias para capturar a los implicados. La Fiscalía sostiene que las excarcelaciones irregulares generaron un patrón de impunidad. Además, se investiga el posible enriquecimiento ilícito y lavado de activos vinculado a estas decisiones judiciales.
En la audiencia más reciente, el juez Pablo Loayza rechazó la solicitud de cambio de medidas cautelares para Hugo A. H., ratificando la prisión preventiva. Asimismo, el Consejo de la Judicatura destituyó a seis jueces y una secretaria involucrados en el caso. Actualmente, la investigación incluye a 31 procesados y se esperan más audiencias para determinar responsabilidades.
El caso Reconstrucción de Manabí examina el uso de fondos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
La Fiscalía alega que recursos que debieron ser utilizados para proyectos prioritarios se desviaron hacia obras que beneficiaron a intereses particulares, como el Parque Las Vegas y el acceso al Puerto de Manta.
La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio inició el 20 de diciembre de 2024 tras varios diferimientos. Durante la misma, las defensas de los procesados plantearon nulidades basadas en supuestas irregularidades procesales, como la falta de un informe de responsabilidad penal.
⚠️ Gobierno ecuatoriano se pronunció sobre el salvoconducto de Jorge Glas. Se emitió un comunicado 👉 https://t.co/bmyHa9XOpV pic.twitter.com/TAvlCkprUe
— El Comercio (@elcomerciocom) December 18, 2024
Sin embargo, la Fiscalía sostuvo que el peculado es imprescriptible y las acusaciones están dentro del marco legal.
Jorge Glas, exvicepresidente de la República, está entre los procesados junto a otras figuras públicas. La Fiscalía busca probar que se desviaron recursos por más de 1,6 mil millones de dólares recaudados mediante impuestos solidarios. El conjuez Marco Aguirre evaluará las pruebas presentadas y decidirá qué procesados enfrentarán juicio formal. La audiencia fue suspendida y será retomada en las próximas semanas.
Derivado del caso Metástasis, el caso Purga investiga una presunta red de corrupción en el sistema judicial de Guayas. En marzo de 2024, la Fiscalía detuvo a 12 personas, incluidos Pablo M., exasambleísta, y Fabiola G., ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas. La Fiscalía sostiene que esta estructura manipuló decisiones judiciales en beneficio de Muentes y otros.
Entre los indicios recabados están documentos, dispositivos electrónicos y joyas que podrían vincular a los procesados con actividades ilegales. Mayra Salazar, testigo protegida, declaró que la red operaba desde 2021 con el apoyo de funcionarios judiciales y del PSC.
El juez Lauro de la Cadena ordenó nuevas diligencias y suspendió la preparatoria de juicio hasta completar las mismas.
El caso también involucra a 13 personas más vinculadas en junio de 2024. Estas, según la Fiscalía, habrían participado en delitos como cohecho y tráfico de influencias. El juez dispuso que se realicen diligencias adicionales para garantizar el derecho a la defensa antes de retomar la audiencia.
El caso Nene salió a la luz en marzo de 2024 con la detención de Sebastián B., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La investigación por oferta de tráfico de influencias se basa en la denuncia de un exempleado que afirma que Barreiro le exigió dinero a cambio de un puesto en la Vicepresidencia.
Barreiro obtuvo medidas sustitutivas tras pagar una fianza de 20 mil dólares en mayo de 2024. La Fiscalía también convocó a la vicepresidenta Abad para rendir su versión, pero esta se acogió al derecho al silencio. Aunque la Asamblea Nacional negó su vinculación al proceso, la Fiscalía anunció que continuará investigándola tras su período en funciones.
El Tribunal de Garantías Penales estableció la fecha para la audiencia de juzgamiento del caso Nene. Detalles 👇https://t.co/dapTpa7dRN pic.twitter.com/q6Y2ble5IK
— El Comercio (@elcomerciocom) December 12, 2024
La audiencia de juzgamiento para Sebastián B. y Daniel R., su asesor, está programada para enero de 2025. La Fiscalía presentará más de 30 testimonios y pruebas periciales. Recientemente, el Tribunal Penal confirmó la fecha de la audiencia de juzgamiento para enero de 2025 y detalló la participación de múltiples peritos y testigos.
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