La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Reconstrucción de Manabí comenzó la mañana del 20 de diciembre de 2024, después de haber sido diferida en nueve ocasiones. La defensa del exvicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, hizo una solicitud.
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La diligencia, desarrollada en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), llegó seis meses y 20 días después de su convocatoria original. Este caso involucra a nueve personas investigadas por presunto peculado, entre ellas figuras públicas como Jorge Glas, Walter S. y Carlos B.
La Fiscalía, representada por Wilson Toainga, busca probar un mal manejo de fondos destinados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 16 de abril de 2016. El conjuez Marco Aguirre evaluará las pruebas presentadas y decidirá cuáles procesados enfrentarán un juicio formal.
¿Qué investiga la Fiscalía?
El terremoto de 7,8 grados en 2016 dejó graves afectaciones en Esmeraldas y Manabí, priorizándose 584 proyectos para infraestructura pública, vivienda, salud y educación. Un informe de la Contraloría evidenció el uso de fondos en proyectos que no respondían a necesidades urgentes, como el Parque Las Vegas o el Tramo de Acceso al Puerto de Manta.
Los procesados, nueve en total, enfrentan acusaciones de peculado por presunto desvío de recursos destinados a la reconstrucción. Este delito está tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
El Decreto Ejecutivo 1004 creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Jorge G., y respaldado por la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana.
El objetivo consistía en recaudar contribuciones sobre las remuneraciones de los trabajadores para financiar la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.
Estas contribuciones, junto con el 2% adicional del IVA, sumaron 1 614 348 387,20 dólares. Sin embargo, parte de estos recursos se destinaron a 11 proyectos no prioritarios, beneficiando presuntamente a intereses particulares.
Primeros pedidos de nulidad en el caso Reconstrucción de Manabí
Durante los primeros momentos de la audiencia, que comenzó pasadas las 08:30, la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de Participación Ciudadana solicitaron la validación procesal del caso. Sin embargo, las defensas de los procesados plantearon oposición inmediata.
El abogado de Carlos B., José Luis Chica, alegó que el proceso habría excedido los plazos legales establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), dado que la investigación previa inició en julio de 2018 y los cargos se formularon en enero de 2024.
Además, Chica también cuestionó la validez del informe de auditoría de la Contraloría, argumentando que fue aprobado fuera de tiempo. El abogado Tito Mendoza, quien representa a Franklin B., se sumó a estos argumentos, respaldando la solicitud de nulidad del caso.
Defensa de Jorge Glas
El abogado de Jorge Glas, Andrés Villegas, expuso tres causales de nulidad durante su intervención. En primer lugar, solicitó la revisión del arresto de su defendido, asegurando que fue detenido de manera ilegal en la embajada de México sin la autorización correspondiente.
Villegas sostuvo que este procedimiento vulneró normativas internacionales como la Convención de Viena y disposiciones del ordenamiento ecuatoriano.
Villegas también argumentó que la detención ha generado graves secuelas psicológicas en Glas, quien según informes del Ministerio de Salud Pública, presenta riesgo de autolesión.
Por ello, solicitó al conjuez la aplicación del artículo 76 del COIP, que permite el traslado de personas inimputables a centros psiquiátricos. Finalmente, indicó que la Asamblea Nacional debió autorizar el enjuiciamiento de Glas debido a su condición de vicepresidente al momento de los hechos investigados.
Alegatos en la audiencia del caso Reconstrucción de Manabí
Richard Holguín, abogado de Walter S., también solicitó la nulidad procesal del caso. Argumentó que vincularon a Walter S., al proceso fuera del plazo de 90 días establecido para la instrucción fiscal. Según Holguín, esto constituye una irregularidad que invalida el procedimiento judicial en curso.
Holguín además cuestionó la ausencia de un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) de la Contraloría, el cual considera un requisito indispensable para sustentar la acusación. También subrayó que su defendido se encuentra asilado en México debido a una sentencia relacionada con otro caso, lo que imposibilita su presencia en territorio ecuatoriano.
Fiscalía habló sobre el pedido de la defensa de Jorge Glas
Wilson Toainga comenzó refutando el argumento de que la investigación previa excedió el tiempo legal, señalando que el peculado es un delito imprescriptible en los plazos del proceso y la ejecución de la pena.
El Fiscal General subrogante revisó la solicitud presentada por el exvicepresidente Jorge Glas, en la que se plantea trasladarlo a un hospital psiquiátrico como medida de seguridad. Según el pedido, dicha medida estaría fundamentada en la condición de inimputabilidad del procesado debido a un trastorno mental.
Además, se explicó que la situación de su detención debe tratarse en un espacio distinto. También recordó que ya se ratificó la supuesta ilegalidad de su arresto en una acción de habeas corpus presentada anteriormente por el exvicepresidente.
Respecto a los otros puntos alegados por Glas, Toainga aclaró que la Corte Constitucional derogó el requisito de un informe de responsabilidad penal y además autorizó la reapertura de investigaciones cerradas por la falta de dicho documento.
Sobre la falta de autorización de la Asamblea, explicó que esta normativa solo aplica a vicepresidentes en funciones, no a exfuncionarios. El Fiscal General subrogante también rechazó los pedidos de nulidad de los otros nueve procesados y solicitó al Conjuez que declare la validez procesal para dar paso a la presentación de su acusación.
El conjuez revisará el expediente que ahora tiene a su disposición en la Corte Nacional antes de atender los pedidos de nulidad, procedibilidad y demás vicios de procedimiento planteados por las defensas de los procesados. Una vez concluida esta revisión, determinará una nueva fecha para la reinstalación de la diligencia.
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