Este martes 24 de diciembre se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio con la participación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga en el caso Purga. En el proceso están acusadas 23 personas por el presunto delito de delincuencia organizada, entre ellas el exasambleísta Pablo M. y Fabiola G., expresidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
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En el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia se reinstaló la audiencia por el delito de delincuencia organizada en el denominado caso Purga. Durante la diligencia, el juez Lauro de la Cadena analiza y resuelve los vicios de procedimiento, de procedibilidad y las nulidades planteadas por los procesados.
Luego de analizar los argumentos presentados por las partes procesales, el juez dispuso que la Fiscalía ordene la práctica de diligencias adicionales para garantizar el derecho a la defensa. Además, se concedió un plazo de 10 días, tras el cual se retomará la audiencia.
El juez Lauro de la Cadena, antes de pronunciarse sobre la nulidad o validez del proceso por presunta delincuencia organizada, dispuso a la Fiscalía realizar varias diligencias requeridas por los procesados durante la instrucción fiscal. Estas diligencias deberán ser fijadas en un plazo de dos días. Para despedirse, el juez Lauro de la Cadena deseó una feliz Navidad a las personas que estaban conectadas en la sala de Zoom.
¿Qué se investiga en el caso Purga?
El caso Purga surgió como una ramificación del conocido caso Metástasis. En este proceso, la Fiscalía General del Estado vinculó a un exasambleísta, a la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de esa corte y funcionarios del Consejo de la Judicatura en un esquema de presunta delincuencia organizada.
Según las investigaciones, estas personas habrían manipulado decisiones judiciales y administrativas en favor de intereses particulares y relacionados con el narcotráfico. La investigación expone cómo el poder político y judicial se habría visto comprometido en detrimento de los intereses del Estado.
Con una serie de allanamientos y detenciones en marzo de 2024, la Fiscalía inició el proceso para desarticular esta presunta organización. Las indagaciones apuntan a que esta red buscaba garantizar resoluciones judiciales favorables para individuos vinculados con actividades ilícitas, incluyendo al narcotráfico.
Alias ‘Fito’, un conocido criminal, figura entre los beneficiarios de estas acciones. Este caso revela un preocupante panorama de corrupción y tráfico de influencias en el sistema judicial ecuatoriano.
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