El dirigente indígena y actual embajador del Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango, no está de acuerdo en que se judicialice la protesta social. Por lo tanto, considera que es injusto que muchos dirigentes indígenas estén siendo procesados por supuesto delito de terrorismo y sabotaje.
En entrevista con Ecuadoradio, Ulcuango hizo ayer esta reflexión descartando que por ello se lo considere como un político contradictorio puesto que aceptó la Embajada de Bolivia a un Gobierno que ha impulsado estas acusaciones contra los indígenas. “El movimiento indígena no es ni terrorista ni saboteador; la Constitución permite disentir, opinar distinto” dijo .
Para el defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez, uno de los temas más complejos que ha debido afrontar en estos tres años frente de ese despacho ha sido la “criminalización de la protesta social” en el país.
En declaraciones a Telerama, Gutiérrez dijo que son más de 200 casos de personas que enfrentan cargos de este tipo. A su criterio, la mayoría de ellos han cometido infracciones pequeñas, como el cierre de vías que deben ser toleradas por el Gobierno.
También insistió en que, más allá de las tensiones existentes entre el Gobierno y la dirigencia indígena, la protección de los derechos colectivos de estos pueblos, se vuelve más vulnerable en temas como la explotación minera y petrolera .