José Tuárez no pudo evitar el juicio político mediante la vía jurídica
Santiago Salazar, coordinador Jurídico de la Asamblea, ayer en Ibarra.
El recurso legal con el que José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, intentaba frenar el juicio político en su contra no prosperó.
Ayer, las medidas cautelares solicitadas en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes infractores de Ibarra fueron negadas, por lo que el proceso de interpelación en contra de los cuatro consejeros de mayoría del Cpccs, en la Asamblea Nacional, sigue su curso.
Para la jueza María de las Mercedes Cuastumal, a cargo de la audiencia que se realizó ayer, Tuárez no demostró que hubiera una posible vulneración de sus derechos constitucionales. Basó su decisión en que todavía no se han iniciado los juicios políticos en la Asamblea Nacional.
Los juicios a los que se refiere tienen que ver con los pedidos del asambleísta independiente Fabricio Villamar, quien argumenta que Tuárez no tiene probidad para el cargo por supuestas inconsistencias en su hoja de vida para postularse.
El otro pedido fue de los legisladores Jeannine Cruz y Raúl Tello, quienes sostienen que los votos de la mayoría del Cpccs para conformar una comisión que revise la designación de la Corte Constitucional (CC), se violentó un dictamen de última instancia de la CC. Ese dictamen es un blindaje de lo actuado por el Consejo Transitorio.
Santiago Salazar, procurador judicial de la Asamblea Nacional, quien actuó en la audiencia en representación del presidente César Litardo, dijo que la negación de las medidas cautelares se dio porque no se demostró la supuesta violación del derecho constitucional. “Este fallo es un respeto a la Constitución y la norma jurídica”, señaló.
Por su parte, el representante legal de Tuárez alegó que se estaban violando principios como el de inocencia y el del derecho a la protección del principal del Cpccs y de los vocales.
Salazar, al salir de la diligencia, señaló que continúan los trámites de solicitudes de juicios políticos propuestos por los tres legisladores.
Este no fue el único revés para Tuárez. Ayer, además, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó un tercer pedido de interpelación, que también fue presentado por Raúl Tello, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana.
Ese pedido se sustenta en un supuesto proselitismo político en el que habrían incurrido Tuárez y el consejero Walter Gómez, en una actividad que realizaron en Guayaquil.
Mientras la audiencia ocurría en Ibarra, en Quito, Fiscalización de la Asamblea continuaba con las comparecencias dentro de este proceso. A esa mesa legislativa asistieron Diana Atamaint y Gustavo Vega, quienes fueron parte del Consejo Nacional Electoral Transitorio que tuvo a cargo la calificación de las candidaturas de los postulantes al Cpccs.
Atamaint adujo que el proceso de calificación estuvo a cargo de una comisión verificadora, la cual se encargó de revisar los datos proporcionados por los 200 postulantes de los cuales, 43 fueron aprobados.
Con la ayuda de diapositivas, mostró la copia de la cédula de identidad y una declaración juramentada en la que el ahora presidente del Cpccs negaba pertenecer a cultos religiosos.
“Nuestra función es meramente administrativa. A la Fiscalía le corresponde determinar las consecuencias legales en caso de engaños”, dijo la titular del CNE.
También mencionó ante la comisión que en la etapa de impugnaciones no hubo ninguna objeción a la candidatura de Tuárez, y que su condición de sacerdote se conoció después de que su inscripción ya estaba en firme. Una vez en esa etapa, señaló Atamaint, por Ley ya no podía ser anulada.
El siguiente paso en la mesa legislativa es escuchar a los cuatro vocales del Cpccs. Está previsto que el próximo lunes 29 de julio asistan Tuárez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez.
El próximo 3 de agosto finaliza el plazo de 15 días para la presentación de las pruebas de cargo y descargo. Con esto, la Comisión de Fiscalización podría terminar el informe hasta el 8 de agosto próximo.
En caso de que el informe sea aprobado, este debe llegar al presidente de la Asamblea para que se difunda. Así termina el trabajo de la Comisión de Fiscalización en este caso.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tras las 48 horas de la difusión del informe, el presidente de la Asamblea tiene un plazo de cinco días para incorporar su tratamiento en el orden del día de una sesión del Pleno.
Para que la censura a los cuatro vocales del Cpccs se concrete es necesario que, tras el debate en el Pleno, se obtengan 70 votos de respaldo. En esa misma sesión, los cuatro interpelados tendrán nuevamente la oportunidad de presentar sus argumentos por los que consideran que no deben ser censurados del cargo.
No solo la Constitución prevé el enjuiciamiento político a los miembros del Cpccs. La Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana también establece que los vocales estarán sujetos “al control social y al enjuiciamiento político de la Asamblea Nacional.
Además de los consejeros principales, el 13 de junio pasado, el Legislativo posesionó a los siete vocales suplentes, quienes, en caso de ausencia de los titulares, tendrían que asumir el cargo.
De acuerdo con el resultado de las votaciones del pasado 24 de marzo, las suplentes en la lista de consejeras son Ibeth Estupiñán, Mariuxi Moreira, Karina Ponce. La primera se principalizaría en caso de la salida de Desintonio.
En la lista de hombres, los suplentes son: Juan Javier Dávalos, David Rosero y Hernán Ulloa. Los dos primeros tendrían que asumir el cargo en caso de censura a Tuárez y al vocal Walter Gómez.
Finalmente, para reemplazar a Rosa Chalá, quien debería asumir el puesto es Ricardo Bravo, quien quedó segundo en la lista de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador.
Pero ¿cómo se ocupan los puestos de suplentes? La misma Ley establece que “en caso de principalización del consejero suplente, la vacante será ocupada por el candidato que obtuvo la siguiente mayor votación de la lista correspondiente.
En contexto
Los cuatro consejeros a los que quiere interpelar la Asamblea Nacional tendrán que comparecer el próximo lunes, dentro del proceso que realiza la Comisión de Fiscalización. Hasta el 8 de agosto esa mesa legislativa tiene plazo para terminar su informe.
