La Corte de Justicia de Pichincha realizó la audiencia por la acción de protección presentada por Guadalupe Llori (PK), en contra del proceso que terminó en su destitución de la Presidencia de la Asamblea.
Con esta medida, Llori pretende regresar al puesto del que fue destituida por 81 asambleístas del correísmo, Partido Social Cristiano, los denominados rebeldes de Pachakutik, disidentes de la Izquierda Democrática y algunos independientes, el 31 de mayo pasado, por supuesto incumplimiento de funciones.
La diligencia obligó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.), a suspender dos sesiones del Pleno previstas para la tarde de este jueves 7 de julio. Esto se dio en modalidad virtual por tres horas.
Andrés Torres y Guillermo Saquicela, abogados del nuevo titular de la Asamblea, pidieron a los jueces que se niegue la apelación presentada por la defensa de Llori en contra de la sentencia de primera instancia de la jueza Raquel Herrera, quien el 10 de mayo pasado negó la acción de protección a Llori contra este proceso.
“No ha justificado por qué la sentencia ha sido errada. Al Estado no se le puede vulnerar derechos constitucionales”, argumentó Torres, al pedir que se deseche el recurso de apelación.
Así también se pronunciaron Darwin Pereira (PK), Johanna Moreira (ExID), y un abogado de Ronny Aleaga (Unes), vocales del CAL, quienes pidieron que se rechace el recurso de apelación y se confirme la sentencia de primera instancia.
Francis Abad, abogado de Guadalupe Llori, adujo que en el Parlamento se vulneraron derechos a la seguridad jurídica, al debido proceso, al derecho a la participación, entre otros, en la remoción de Llori como presidenta de la Asamblea. “Se tomaron por asalto el poder”, dijo.
Abad pidió a la Corte que proceda a la “reparación de los derechos que fueron vulnerados” a Llori.
En ese sentido requirió que se anule lo actuado en la Asamblea, a partir del 6 de abril, cuando la presidencia de Llori fue apelada en el CAL para abrir paso a su destitución en el Pleno. Es decir, dijo, “que vuelvan al momento en que se cometieron irregularidades”.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yeseña Guamaní (ID), sostuvo que la remoción de Llori se dio en función de una mayoría por encima de la Constitución y se identificó como otra de las víctimas al enfrentar un proceso similar.
“Cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos, por supuesto que puede presentar cualquier acción”, dijo Guamaní.
El socialcristiano Esteban Torres demandó al Tribunal que deseche esta apelación y que ponga “punto final a un episodio oscuro de judicialización de la política” en el país.
Señaló que si lo que se debate es que hubo un conflicto de competencias, eso es algo que le corresponde resolver a la Corte Constitucional y no vía acción de protección.
“¿Vamos a permitir el uso y abuso de la justicia en decisiones administrativas de la Asamblea?”, increpó la asambleísta Moreira a los jueces.
También estuvo convocada la Procuraduría General del Estado a esta diligencia, pero no se presentó.
El Tribunal está integrado por los jueces Cristóbal Valle, Paquita Chiluisa y Gustavo Osejo. Valle, en calidad de ponente de esta causa, anunció que “oportunamente” darán a conocer la sentencia, acorde con los plazos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (máximo 8 días).