El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación regresó a la comisión especializada, después de que la ponente del texto, Marjorie Chávez (PSC), solicitó que se suspendiera el segundo y definitivo debate entre falta de consensos en el hemiciclo.
La decisión se tomó este jueves 7 de julio, tras la participación de 11 legisladores, en su mayoría de las bancadas de Unes y Pachakutik, que rechazaron el informe de mayoría preparado en la Comisión de Relaciones Internacionales, que controla el oficialismo.
La idea es que esta mesa realice ajustes al texto en un plazo de ocho días, antes de su votación en el Pleno.
Chávez fustigó que en el debate varios legisladores, a pesar de “asimilar los errores del pasado, sigan protegiendo la idea de contar con un espacio gubernamental, único dueño de la verdad”.
“El informe de minoría que defienden no modifica ese pilar oprobioso de la articulación de un oráculo indiscutible”, criticó.
La legisladora insistió en que “es necesario cambiar el modelo, pasar de la censura directa o indirecta hacia un espacio libre, de responsabilidad ulterior”.
“Esa manía de recurrir siempre al Estado no construye garantías en el ejercicio de los derechos, sino restricciones. El Estado debe sí, ser garante de los derechos, pero no puede ser dueño de la verdad, ni incidir de modo alguno sobre aquello; el autocontrol es indispensable en la promoción de la responsabilidad”, mencionó.
Contra la autorregulación
Desde la bancada de Unes, asambleístas como Marcela Holguín, Paola Cabezas, Ana Raffo y Walter Gómez, insistieron en temas como la responsabilidad ulterior, la defensa de la honra y la dignidad de las personas, y señalaron que se debe respetar la consulta popular de 2011 en esta materia.
“Este proyecto de ley que se pretende aprobar va a permitir la impunidad de cualquier persona que utilice los medios de comunicación para mentir o hacer publicaciones maliciosas. No es posible bajo ningún concepto aprobarlo”, dijo Raffo.
Cabezas sostuvo que “la autorregulación es una utopía, (ya que) se deja en indefensión a las audiencias y espacio para la normativa secundaria”.
Holguín planteó negar el informe de mayoría, y aprobar uno de minoría. Agregó que “la prioridad de este Pleno de la Asamblea debe ser la de proteger a los trabajadores de la comunicación a quienes ni siquiera se ha garantizado sus derechos laborales”.
“Debe existir una normativa legal para garantizar la protección a los periodistas”, añadió el presidente de la Comisión de Seguridad, Ramiro Narváez (ID), quien pidió a la comisión que incluya en el texto algunos artículos que se ajustan a la Constitución y estándares internacionales.
Frecuencias
Desde Pachakutik, Joel Abad propuso cambios respecto a la asignación de frecuencias para radio y televisión, trámites administrativos y promoción de culturas.
Antes de iniciar el debate, el Pleno recibió en comisión general a César Ricaurte, de Fundamedios, a María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central, y también a Apauki Castro, vocero de la Conaie.
Ricaurte defendió la autoregulación de los medios. Garcés dijo que la Ley de Comunicación debe ser considerada un cuerpo integrado, por lo que no comparte la propuesta de generar otras normas sobre publicidad, el uso del espectro radioeléctrico y asignación de frecuencias, pues consideró que eso afectaría la pluralidad de la comunicación. Castro pidió fortalecer a los medios comunitarios.
Iniciativas
El proyecto de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, fue defendido por el oficialismo. Allí se mantiene al Consejo de Comunicación como órgano encargado de regular la difusión de contenidos y establecer criterios de responsabilidad ulterior, pero se apuesta por la “corregulación”.
El texto recopila los proyectos que sobre la materia presentaron el presidente de la República, Guillermo Lasso, los asambleístas Marjorie Chávez, Fernando Villavicencio, Marcela Holguín, Dina Farinango y el exlegislador Juan Cárdenas.}
