El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió una nueva denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Según informó el mismo TCE este viernes 6 de septiembre de 2024, la demanda presentada por la concejala Ana Chóez contempla tres infracciones por una presunta violencia política de género
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La edil por el Partido Social Cristiano (PSC) acusa a Alvarez de haberla atacado con presuntas “expresiones que denigran a las mujeres”, por “imponer sanciones injustificadas” y por “restringirle el uso de la palabra”.
Textualmente la denuncia de Chóez argumenta “injurias, acusaciones maliciosas y palabras que denigran la integridad y el derecho a la honra y al buen nombre por parte del Alcalde de Guayaquil”.
Uso de presuntas palabras denigrantes
La funcionaria justifica su acusación en dos hechos registrados en diciembre de 2023 y mayo de 2024.
Mientras se realizaban las sesiones del Concejo Municipal de Guayaquil, Alvarez se dirigió a la edil de forma hostil.
“Usted está así por el tema de las tablets en la Fiscalía (…) por esto el país está en la m, por perfiles así, que solo vienen a molestar y no a trabajar”, dijo el Alcalde en una ocasión.
Mientras que en otra discusión sobre las tarifas de transporte señaló: “Hay que ser bien cara dura para reclamar fiscalización en solo seis meses de gestión”.
Posible exclusión en transmisiones
Chóez también denuncia que el Alcalde la ciudad la “excluye sistemáticamente” de las transmisiones que se realizan de las sesiones del Concejo.
Según los archivos de las grabaciones difundidos en redes sociales, durante las intervenciones de la concejala, la cámara evita enfocarla.
Para la funcionaria, esta es una forma de coartarle su derecho a la palabra.
El juez del TCE, Fernando Muñoz aceptó la denuncia viernes; sin embargo, Chóez la presentó el 26 de agosto.
La demanda ocurre luego de dos días de que el mismo abogado aceptara un pedido similar contra Aquiles Alvarez.
La primera solicitud la realizó la asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN), Lucía Jaramillo.
La causa de Jaramillo será analizada el 20 de septiembre en una audiencia única de pruebas y alegatos; mientras que la de Chóez se desarrollará el 3 de octubre.
Ambas audiencias se realizarán en Quito.
De perder en cualquiera de las dos denuncias, Aquiles Alvarez podría ver suspendido sus derechos políticos hasta por cuatro años.
Así como ser destituido de la Alcaldía o pagar una multa que comprende entre 21 a 70 salarios básicos unificados.