Este fin de semana los sacudones continuaron en la casi incomunicada parroquia de Guayllabamba. La diferencia es que estos movimientos ya no eran telúricos sino políticos. El Instituto Geofísico de la Politécnica ni se percató de su intensidad. Pero la opinión pública sí pudo sentirlos.
En medio del interés por ayudar a los pobladores de esa zona, el Gobierno central y la Alcaldía de Quito entraron en fricción y la buena colaboración, que se proyectó a mediados de agosto por la emergencia, amenaza ahora con cuartearse.
Desde el jueves por la tarde, la Alcaldía dijo que anunciará medidas de apoyo en Guayllabamba para que no decaiga el turismo de paso en la zona, se reactiven los restaurantes y fluyan las visitas al Zoológico. Además, que se asumiría -luego de unas conversaciones con el Ministerio de Transporte- el control del tránsito en un tramo de la E35 para facilitar la movilidad.
El viernes por la mañana, la agenda del alcalde Mauricio Rodas se cumplió como estaba prevista. Recorridos, diálogos con la población y la foto para los medios.
En la tarde llegó el primer temblor. La Agencia Nacional de Tránsito envió un comunicado advirtiendo que el Gobierno central tiene la competencia del tránsito en la red vial estatal y que la Policía Nacional seguirá en su tarea.
La réplica se sintió en la noche, cuando la Alcaldía dijo estar a la espera de que el preacuerdo que se había firmado se concrete y así avanzar con el plan de ayuda a Guayllabamba. El Gobierno, al parecer, no cederá.
¿Qué provocó este cisma? Puede ser que al Gobierno le moleste que Mauricio Rodas tenga agenda propia y actúe con sentido común. O que el Alcalde no midió bien los tiempos y se apresuró en anunciar el control del tránsito en la E35, que aún requería de negociación interna.
Mientras el debate burocrático sobre el manejo de las competencias enfrenta a las autoridades, Guayllabamba continuará siendo el epicentro de estos sismos políticos.