En la marcha participaron trabajadores, indígenas, jubilados, entre otros gremios. Foto: Vicente Costales/ El Comercio
La desobediencia civil y el paro nacional es el siguiente paso para el sindicalismo y las organizaciones sociales. No dieron fecha. Pero los organizarán si la Asamblea da paso a las 16 enmiendas a la Constitución. Así lo anunció Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari. Pero también tienen claro que no quieren que en sus movilizaciones se involucren sectores de la derecha política.
La derecha no tendrá cabida. Ese era el lema del sindicalismo y los indígenas. Este discurso se flexibilizó. Y así se vio que en la última jornada participaron legisladores de esa tendencia, como Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano (PSC), y Diego Salgado (Creo).
Eso sí, apuntó Nelson Erazo, del Frente Popular, el lugar de esa tendencia será donde le “corresponde: atrás”. La derecha acudió a la convocatoria del sindicalismo y no al contrario. El dirigente lo dejó claro y defendió que el liderazgo de estas marchas es de la ciudadanía, no de quienes “pescan a río revuelto” con miras a las elecciones 2017.
Salgado lamenta estas posiciones que “no le hacen bien a la democracia que buscamos defender al oponernos a las enmiendas”. Además, señaló que es un momento en que todos los que se oponen a estos cambios “sin ponernos camisetas de un solo color”.
Guartambel, en cambio, hizo un poco de autocrítica al reconocer que no son los dueños de las calles. Y dejó sentado que podrán pasar las enmiendas, pero la resistencia no se apagará después de diciembre. El 3 de diciembre, cuando se cumple un año de la aprobación de estas en primer debate, la Asamblea tiene los 30 días para la segunda discusión del Pleno. Si pasan, sostiene, empezará el camino hacia una nueva Constitución.
Terminada la jornada de movilizaciones del jueves, solo un grupo de manifestantes permaneció en las afueras del Palacio Legislativo, destino de la marcha opositora. La mayoría se dispersó casi enseguida de concluido el recorrido, que partió desde el IESS. Además, se observó un menor número de protestantes que en convocatorias pasadas, como en la del 11 de noviembre.
“Algunos no asistieron y otros se sumaron”. Ese fue el argumento del presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Pablo Serrano. Sin embargo, mantuvo que fueron más que la marcha anterior y que esta vez, solo en Quito, estuvieron entre 15 000 y 20 000. Pero las consignas no se han logrado, las enmiendas siguen su curso en la Asamblea Nacional, incluidas las laborales.
Desde el oficialismo tampoco se considera que, más allá de “demostrar que hay libertad de expresión”, las manifestaciones hayan tenido incidencia. Según la asambleísta de Alianza País, Ximena Ponce, las exigencias son cambiantes. Primero fue la educación, luego la reelección indefinida… “Fuera Correa fuera y Correa no está fuera”.
En provincias
El uso de los videos servirá de base a la Policía Nacional para identificar a los manifestantes que provocaron incidentes al final de la marcha opositora en Guayaquil. Así lo indicó Tanya Varela, comandante de la Zona 8 de la Policía, quien condenó que producto del uso de petardos quedaran heridos tres miembros de la entidad y una persona detenida.
Por otro lado, en la capital azuaya las marchas no han tenido mayor eco. La participación de sindicalistas y activistas sociales ha sido escasa, en las dos últimas movilizaciones que se realizaron por la céntrica calle Bolívar, hasta los bajos de la Gobernación de Azuay.
La del jueves, por ejemplo, reunió a grupos pequeños de trabajadores, campesinos, estudiantes y amas de casa, que al llegar a la Gobernación se dispersaron. Tampoco ha habido marchas de respaldo al Régimen.
El Colectivo Unitario de Trabajadores de Imbabura, por su parte, tiene previsto reunirse el lunes. La cita servirá para hacer un balance de las últimas protestas contra el régimen y preparar acciones para el paro nacional.
Mientras tanto, Alianza País, se dedicará a repartir volantes por el país para defender las enmiendas.