Seis meses después de que asumiera la Presidencia de la República, Rafael Correa recibió la primera denuncia en su contra, interpuesta por Quinto Pazmiño. Desde entonces y tras más de 7 años en el poder, 12 juicios le han sido planteados al Primer Mandatario, que ha salido bien librado en los siete ya resueltos (no se incluyen los más de 80 contra el Estado, en la persona del Presidente).
El último proceso en solucionarse es el que nace tras la denuncia del exasambleísta por Pachakutik, Cléver Jiménez y los activistas políticos Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Ellos acusaron a Correa del delito de genocidio por supuestamente haber ordenado que se abriera fuego durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.
La causa fue archivada, pero el Presidente los contrademandó por injurias. Sentenciados en tres instancias, Jiménez, Villavicencio y Figueroa y cuya ubicación actual no se ha logrado determinar.
La figura de injurias y la de daño moral son las más utilizadas en los procesos contra el Presidente. Las palabras de Correa en sus Enlaces Ciudadanos de los sábados y en sus entrevistas han generado las demandas.
Entre estas está la de Édgar Coral. Según su acusación, Correa lo llamó “traficante de tierras” en una sabatina. Por ello, interpuso una demanda penal por injurias, que la Asamblea no aprobó y fue desechada.
Pero también planteó un juicio civil por daño moral: pide USD 10 millones como monto de reparación. Más de dos años después, esa causa sigue en trámite en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El trámite ha sido largo. Dentro de la etapa de prueba, el Primer Mandatario fue citado para que rindiera ayer confesión judicial en el proceso.
La diligencia estaba prevista en Carondelet, sin embargo no se permitió el ingreso al Palacio de la jueza María Rosa Merchán, presidenta de la Sala de lo Civil, porque Correa se encontraba en una reunión con su gabinete. Se deberá fijar una nueva fecha para la diligencia.
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Coral cree que la demora en su causa muestra que hay jueces que tienen una “grave dependencia” del poder político del Estado. “No se explica de otra manera que las actuaciones que le interesan al presidente Correa tengan una agilidad asombrosa, a diferencia de las causas contra él”, asegura.
Con este criterio coincide el abogado Joffre Campaña, quien enjuició civilmente por daño moral al Presidente en el 2009. Denuncia que lo llamó “arribista” en una entrevista televisiva y pide USD 5 millones.
Luego de tres años de trámite, la causa fue desechada junto con la contrademanda que le planteó Correa; actualmente están en etapa de apelación. “La duración de los juicios es larguísima, pero cuando él demanda, tiene toda la Corte a su disposición”.
No obstante, la defensa del Presidente no lo ve así. Alembert Vera, abogado de Correa en este y otros procesos, señala que las declaraciones de los demandantes en estos casos no están apegadas a la realidad.
Vera indica que, a su criterio, las querellas planteadas en contra del Primer Mandatario tienen más bien un fin publicitario que jurídico. “No es cierto que cuando el Presidente es denunciante (las causas) van más rápido. Pero hay que señalar que en los casos de estas personas que denuncian al señor Presidente, se puede observar que ponen las denuncias y después dejan abandonados los procesos”, asegura.
Mientras tanto, los otros casos han encontrado un bloqueo en el Legislativo, pues se necesita su aprobación para enjuiciar penalmente al presidente.
Quinto Pazmiño (+), quien reveló los “Pativideos”, fue el primero en acusar a Correa desde que está en el poder. En junio del 2007, trató de llamarlo a juicio por supuestas injurias. Pidió USD 10 millones como reparación, sin embargo el Congreso de ese tiempo, ya con una mayoría oficialista, no trató el tema a tiempo, por lo que la causa prescribió.
En el 2011, el Pleno de la Asamblea no dio paso a otro proceso, pues negó el pedido de Gil López, que acusó a Correa de injuriarlo.
El exdiputado por la Izquierda Democrática, Carlos González, cree que ningún juicio en contra de Correa avanza. Argumenta que el Presidente tiene el control de los poderes Legislativo y Judicial, que le permitirían que las causas en su contra no prosperen.
La denuncia que él interpuso en el 2007 tampoco progresó en la CNJ y finalmente fue archivada. También acusó al Primer Mandatario de injurias, en este caso por haber calificado de corruptos a los diputados del Congreso de esa época.
Aún faltan por resolverse otras causas, que llevan años en trámite, como la demanda por daño moral presentada por el policía Giovany Chancusi, quien estuvo preso injustamente por supuestamente haber tratado de retirarle la máscara de gas a Correa durante la revuelta policial del 30-S.
La causa tampoco ha tenido avances en los últimos meses, según su abogado Gonzalo Realpe. Él asegura que siguen a la espera de que se repare a Chancusi por el tiempo que estuvo en prisión.
En contexto
Rafael Correa asumió la Presidencia en enero de 2007. Desde entonces, organismos internacionales han criticado el uso de los Enlaces Ciudadanos y cadenas nacionales para emitir críticas en contra de las personas que no comparten su criterio.
