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Seguridad en consulta popular, enganche para más temas de fondo

El 4 de abril, presos considerados cabecillas de bandas fueron trasladados de Turi a Guayaquil. Foto: cortesía de la Presidencia de la República

El Ejecutivo está definiendo todavía el contenido de las preguntas de la consulta popular, que se relacionan a cuatro conceptos: inversión y empleo; seguridad; reformas al sistema de partidos, y eliminación de competencias del Consejo de Participación.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, va más allá. Él espera que se consulte sobre reformas para regular derechos de las Personas Privadas de la Libertad (PPL).

“Ahora que el Gobierno está proponiendo una consulta, veremos si podemos incluir alguna pregunta en este sentido, que permita al ecuatoriano, de manera más rápida, tomar decisiones respecto de lo que pasaría con muchos privados de libertad. Yo soy un demócrata, pero hay personas que no deberían tener algún tipo de derechos o muchas más limitaciones, como los cabecillas de estas organizaciones (Los Lobos y R7 trasladados a la cárcel La Roca)”, afirmó Carrillo en una entrevista radial.

Henry Córdova, magíster en Seguridad por el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sostiene que el Gobierno tiene instrumentos en política pública para saber qué tiene que hacer con los presos del país. Por lo que, considera, no debería recurrir a una consulta popular para este tema, que le puede resultar adverso según cómo plantee las preguntas.

Los intereses del Gobierno en temas de seguridad pueden ser manejados desde otra perspectiva, dice el experto. Ejemplifica la reunión que el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo el 6 de abril con la Cúpula policial, para establecer estrategias de seguridad ciudadana.

Para contar con planes estratégicos ante la inseguridad y la crisis carcelaria, el Ejecutivo no requiere del Legislativo sino de su voluntad política, agrega.

La tesis del bloqueo

Tanto Lasso como sus voceros han manifestado en ocasiones anteriores que optan por la consulta ante el bloqueo de la Asamblea para tratar proyectos del Ejecutivo, como el de la Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública.

Sin embargo, para Córdova la Comisión legislativa encargada sí ha tratado el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, enviado por el Ejecutivo en materia de seguridad. Pero la sesión del Pleno en la que el proyecto debe ser debatido está suspendida porque algunos legisladores buscan que se apruebe la evaluación de la presidenta Guadalupe Llori.

Córdova cree que hay un trasfondo, “se teje ese desgaste de la Asamblea con miras a apuntalar la consulta popular”. Con el tema de la seguridad y la eliminación de potestades del Cpccs “se busca enganchar más al electorado para obtener buenos resultados y apuntar hacia otros intereses”, analiza.

Esos intereses, precisa, tienen que ver con los proyectos en materia económica: el de Inversiones, archivado; que el proyecto de Ley Laboral tenga igual futuro; y que se derogue la Ley Tributaria.

Más propuestas

El colectivo Voces por la Democracia impulsa una consulta popular de iniciativa ciudadana, no incluye el tema de la seguridad.

Carlos Aguinaga, exvocal del Tribunal Supremo Electoral e integrante del colectivo, dice que es posible plantear el tema en una consulta popular y hacer una enmienda constitucional. Ya hay propuestas de colectivos locales.

Cree que son necesarias políticas integrales del Estado, así como el apoyo de la ciudadanía para “encontrar soluciones a esta problemática”. No descarta combinar las preguntas del colectivo con las del Gobierno, de existir la posibilidad.

Marco internacional

Hay otro cuestionamiento. Ecuador es suscriptor de tratados internacionales de Derechos Humanos. La constitucionalista y experta en Derechos Humanos, María Dolores Miño, puntualiza que los derechos humanos no pueden ser limitados vía consulta.

Recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs. Uruguay, estableció “que el alcance y sentido de los derechos convencionales está por fuera del ámbito plebiscitario”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Ecuador enfrentar la crisis penitenciaria y proteger los derechos de las personas bajo su custodia con apego a las “obligaciones internacionales en la materia”.

“Por lo que es insostenible lo que el Ministro afirma. A menos que pretenda generarle responsabilidad internacional al Estado, en cuyo caso, sabremos contra quién repetir”, advirtió Miño.