La Comisión de Enmiendas de la Asamblea abrió este miércoles 4 de enero del 2023 las comparecencias. Esto como parte del tratamiento de lla reforma parcial a la Constitución que impulsa el Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas puedan coordinar acciones con la Policía contra el crimen organizado.
El secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo, fue el primero en acudir. Lo hizo para explicar los alcances que tiene este proyecto, que contempla modificar el artículo 158 de la norma suprema.
El funcionario insistió en que el objetivo de la propuesta apunta a que se permita la participación de Fuerzas Armadas en los operativos de combate al crimen organizado, previa solicitud motivada de la Policía Nacional “por asuntos de logística, de inteligencia, de colaboración, de complementariedad”.
En ningún caso -aseguró- esta prerrogativa significará que una institución esté subyugada a la otra, pues lo que se busca es que exista un apoyo complementario de las dos instituciones, sin necesidad de la declaratoria de un estado de excepción.
“No es lo mismo las circunstancias que prevé un estado de excepción, que tiene un limitante temporal. El crimen organizado no dura 90 días, el crimen organizado es un fenómeno complejo y extenso”, adujo.
Dudas en bancadas
Todas las bancadas legislativas tienen delegados en esta Comisión. El socialcristiano Esteban Torres recordó que la misión principal de los militares es cuidar las fronteras y que actualmente no logran controlar problemas como el tráfico de armas, de personas o de narcóticos.
Ricardo Vanegas, de Pachakutik, pidió definiciones del Gobierno sobre una nueva política criminal y requirió informes sobre la entrega de recursos para los operativos de la Fuerza Pública.
Pozo recordó que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas atraviesan problemas institucionales y de infraestructura que el Gobierno contribuye a solucionar y que la posibilidad de que haya un accionar conjunto para el control de la delincuencia organizada dependerá de las condiciones que se presenten en su momento.
Para la próxima semana, la Comisión prevé recibir los criterios de las autoridades de la Policía y Fuerzas Armadas. Además serán convocados académicos, defensores de DDHH y expertos internacionales.
Según el cronograma, se prevé la entrega del informe para el primer debate en el Pleno hasta mediados de febrero.
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