15 de August de 2011 17:19

RÉPLICA. A pedido de José Bolívar Castillo, ex alcalde de Loja (sobre caso Freddy Aponte)

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El Tribunal Segundo de lo Penal declaró culpable a quien en su afán de entrampar la justicia forjó documentos para ocultar sus bienes y burlarse de una sentencia fingiendo una quiebra, lo cual está expresamente sancionado en el Código Penal.

Aquí lo importante no es ni de lejos la cifra simbólica (USD 53.000) que el juez señalo como indemnización civil por daño moral, que ojalá permita costear todos los gastos procesales de un litigio penal que ha durado años llegando en todos sus incidentes hasta la tercera instancia es decir hasta la casación de la sentencia en la Corte Suprema y Corte Nacional.

El problema no está ahí; el problema no es dólares más o dólares menos. El problema mayor consiste en que quien cometió estos delitos aún cuando haya sido cumpliendo encargos de otros, después de la sentencia condenatoria que debió llevarle a enmendar su conducta, desde la misma cárcel en la que cumplía su condena, convertida en buró político, siguió calumniándome y ofendiéndome y hasta llegó a calumniar a los mismos jueces que lo sentenciaron diciendo que habían sido sobornados y que él era inocente, víctima de la justicia tarifada.

Con la complicidad del Gobernador de entonces y del Ministerio de Justicia convirtió a la Cárcel en central de campaña política para armar y desarmar candidaturas con la concurrencia cómplice y oportunista de casi toda la farándula partidista de Loja que hicieron de la cárcel el epicentro de la polítiquería local, de tal forma que, quien había recibido una sanción penal continuó cometiendo desde el Centro de Rehabilitación Social, exactamente el mismo delito por el que había sido sancionado y le descontaron el 50% de la pena por "buena conducta" para que salga de candidato en desfile público a una tarima instalada en la puerta misma de la prisión ( ESTA FUE LA COMUNICACIÓN QUE EN NOVIEMBRE DEL 2008 REMITÍ AL MINISTERIO FISCAL Y AL DIRECTOR NACIONAL DE REHABILITACIóN SOCIAL, que no ameritó ninguna contestación peor acción legal...), y lo mas grave es que ha continuado en la misma actitud durante años, con amenazas de todo tipo, llegando inclusive al extremo de agresiones físicas cuyo proceso penal se encuentra también en dilatado y tortuoso trámite.

Se ha seguido calumniando, ofendiendo y propiciando desde todo ángulo la campaña de asedio mediático trazada por la ya famosa Mega Alianza autora de la situación deplorable que enfrenta Loja y para lo cual cuenta con la abundante publicidad especialmente oficial.

El Fiscal en la indagatoria penal comprobó con documentos irrefutables todos los bienes muebles e inmuebles que había acumulado el supuestamente "insolvente": finca vacacional, vehículos, así como los cuantiosos ingresos y manejos bancarios, provenientes sin duda de este tipo de "actividad periodística" y que para enervar la justicia a pocos días de haber sido notificado con la sentencia, los enajenó a todos estos bienes mediante fórmulas evidentemente irregulares.

No soy solo yo el que ha sido ofendido y calumniado por Aponte, ni este ha sido el único proceso penal que ha enfrentado el referido locutor y abogado, sobreprotegido por la impunidad que le garantizan quienes "utilizan sus servicios".

Son centenares de personas y no solo autoridades las que han tenido que soportar impotentes, todos estos vejámenes, pero, me ha tocado revestirme de la entereza civil para enfrentar esta situación y desterrar de Loja estos métodos perversos de hacer política.

Quisiéramos que se sienten precedentes para que el "sicariato verbal", como lo definió el Presidente del Colegio de Periodistas de Loja, no vuelva a ser negocio en nuestra Región y que la gente buena sin temores pueda intervenir y participar cívicamente en la política. Ese es el bien que buscamos sin rencores ni venganzas de ninguna clase.

Atentamente,

José Bolívar Castillo V.

CD 1701329540. C. Abg. Loja M. 1919

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