Reformas sobre recursos de tres eléctricas irán a revisión del Ejecutivo
Vista de la hidroeléctrica Paute-Molino, provincia de Azuay, en 2020. Foto: Celec
Las reformas a la denominada Ley 047 pasarán a revisión del Ejecutivo. El texto aprobado por la Asamblea establece rentas en favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica.
Para estas provincias se establecerán asignaciones equivalentes al 5% de la facturación por la venta de energía a las empresas eléctrica. El Pleno aprobó este proyecto por unanimidad de todas las bancadas el 13 de enero del 2023.
Los recursos provendrán de los negocios que efectúe la Corporación Eléctrica del Ecuador Celec EP o la entidad que haga sus veces, y que sea originada de las centrales hidroeléctricas de Paute, Pucará y Agoyán.
De este modo, los gobiernos autónomos descentralizados, a nivel parroquial principalmente, podrán usar este dinero para ejecutar acciones para fortalecer el desarrollo integral de sus territorios.
La fórmula
El Ministerio de Finanzas deberá transferir directamente las asignaciones de la venta de energía eléctrica de la central hidroeléctrica Paute.
El 60% de esos recursos será entregado en partes iguales a los GAD municipales de Azuay, Cañar y Morona Santiago para obras de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental.
El 40% en partes iguales a los GAD parroquiales de estas jurisdicciones para invertir: el 70% en la ejecución de obras de infraestructura parroquial rural y el 30% restante en programas de forestación y reforestación que permitan la preservación de los recursos hídricos, la biodiversidad y protección del ambiente.
Asimismo, la asignación de la venta de energía de las centrales hidroeléctricas de Pucará y Agoyán se transferirá el 40% para la Prefectura de Tungurahua. La idea es que sirva para ejecutar obras del sistema vial y en las cuencas y microcuencas, gestión ambiental y programas de forestación y reforestación
Otro 40% iría a los municipios de Tungurahua, excepto el de Ambato, que accederá a un 20% para obras de infraestructura vial, gestión y saneamiento ambiental.
Beneficiarios
La legisladora Sofía Sánchez (PK), ponente del informe, dijo que la ley garantiza la asignación efectiva de recursos que constitucional y legalmente les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. A su juicio, se aplicarán los principios de solidaridad e inclusión.
Los 12 asambleístas de distintas bancadas que intervinieron en el debate coincidieron en que con estas reformas se hace justicia a la ruralidad. Aseguraron que beneficiarán a 130 gobiernos parroquiales.
El Ejecutivo tendrá 30 días de plazo para presentar sus observaciones a este proyecto o disponer su publicación en el Registro Oficial.
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