La protesta del ciudadano se ‘criminaliza’

La acusación de sabotaje y terrorismo ha sido una de las herramientas utilizadas por el Régimen para aplacar la protesta social en el país. Según un informe del Centro de Derechos Económicos y Sociales, durante el Régimen, 189 indígenas fueron acusados por ese delito.

No obstante, la aplicación de esta figura no se ha dado solamente contra líderes comunitarios quienes encabezaron las protestas en rechazo a la Ley de Minería y de la Ley de Aguas. Ahora, el grupo de 13 ciudadanos que irrumpió en el edificio de los medios públicos el 30 de septiembre del 2010, también fue acusado por la Fiscalía de sabotaje y terrorismo.

Que esta figura sea utilizada para reprimir una protesta de ciudadanos es visto con preocupación por defensores de los derechos humanos y por juristas, quienes consideran un retroceso en el respeto a los derechos colectivos.

Elsie Monge, presidenta de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos, dice que el objetivo de esta criminalización de la protesta ciudadana es “infundir miedo para impedir que la gente común se manifieste”.

El jurista Santiago Guarderas va más allá y dice que el Régimen está utilizando el sistema judicial como elemento de represión contra la protesta ciudadana. Considera que la gente común tendrá miedo de protestar contra el Gobierno, al observar cómo se criminaliza a quienes participan en ese tipo de actos. “Este tipo de acusaciones provoca medidas cautelares fuertes, eso genera temor”.

Otra crítica es entorno a la subjetividad con la que el Régimen ha interpretado los delitos. Uno de los motivos para que esto suceda esto –según Guarderas- es la ambigüedad del Código Penal que no proporciona una definición precisa de lo que es terrorismo y sabotaje y por ello “se pretende encuadrar forzadamente las acciones de protesta en ese tipo de delitos”.

Mientras tanto, los 13 ciudadanos, acusados de sabotaje y terrorismo por la Fiscalía, mantienen su versión que ese día protestaron por defender la libertad de información y que su objetivo era que la señal de televisión sea abierta para todos los medios.

Paúl Camacho, uno de los ciudadanos acusados, considera que su protesta fue criminalizada, pues la irrupción al edificio de los medios públicos no fue con el objetivo de delinquir. “No pertenezco a ningún movimiento, soy un ciudadano productivo que ahora es acusado de ser terrorista”.

Otro implicado, Galo Monteverde, aduce que el objetivo es impedir la manifestación de cualquier lado que venga.

“El Gobierno utiliza el sistema de justicia como un elemento de castigo político a quienes manifiestan su posición”, lo dice Ramiro Aguilar, abogado de Camacho, quien considera que eso genera un precedente peligroso.

Sin embargo, sostiene que este tipo de acusaciones deberá ser demostrado durante el proceso y como fue sobredimensionado no cree que tendrá sustento, si el sistema actúa de manera objetiva. De no serlo, irá a la Corte Interamericana de DD.HH.

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