Los proponentes del juicio político en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tienen de plazo hasta este viernes 24 de marzo del 2023 para corregir el documento. El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, comparó a esta situación con una novela.
El plazo corre a raíz de que anoche la mayoría del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) dejó sin efecto la admisión a trámite de la solicitud, que se dio el lunes pasado, tras los errores detectados.
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El socialcristiano Pedro Zapata explicó que de lo que se trata es de “subsanar” los errores, al tipificar los artículos 278 y 281 del Código Orgánico Integral Penal (Coip), sin haber tomado en cuenta las reformas que se hicieron en 2021.
Los artículos aluden a los delitos de concusión y peculado, de los que acusan al presidente Lasso. Rodrigo Fajardo, de la Izquierda Democrática (ID), concordó con Zapata en que “errar es de humanos” y que “no debió ocurrir” esta situación.
“Hay un equipo de asesores, uno confía en su equipo y lamentablemente esto ha pasado. Estamos seguros que no habrán más errores”, aseveró Zapata.
“No se trata de demorar, lo que queremos hacer es un trabajo técnico, coherente, en donde no haya críticas”, apuntó Fajardo.
De la revisión no participó Mireya Pazmiño, separada de la bancada de Pachakutik y otra de las proponentes, porque está fuera del país. Pero, la asambleísta del correísmo Viviana Veloz no admitió que existiera un error en la transcripción del Código Penal.
“Los delitos, cuando se empezaron a cometer en las empresas públicas, estaba vigente en ese momento lo que se incorporó en la solicitud de juicio político. Ahora se va a completar porque los delitos siguieron continúandose”, dijo.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que “no pueden cambiar una coma del fondo del asunto”. Además de las referencias a los artículos desactualizados del Código Penal, otros de los errores consisten en citas de la Constitución y la Ley Legislativa que no corresponden al juicio político contra el Presidente, sino contra ministros y otros funcionarios.
Una vez que el documento sea completado (algo que se prevé para este jueves 23), el CAL volverá a sesionar para verificar los requisitos y admitir a trámite la solicitud. Luego, remitirá el texto a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad.
Gobierno alista respuesta
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, manifestó a EL COMERCIO que el Ejecutivo enfrentará este tema “jurídica y políticamente hablando”, cuando sea notificado por la Corte.
“El Gobierno comparecerá para hacer conocer la posición del Presidente de la República, lo hará apenas sea notificado porque todos los días nos tienen aquí en ascuas, por así decirlo. Cada día sale una novela de esto de aquí”, señaló.
Agregó que este proceso ha incurrido en irregularidades “de todo orden desde un inicio”.
“Si bien ahora ya no ponen comisión por omisión en la acusación (contra el Presidente), sino que directamente se van a dos de concusión y uno de peculado, todo el desarrollo de la solicitud gira en torno a una omisión, no al cometimiento del acto propio del delito político“, dijo.
Cucalón reiteró que nada le impide al Ejecutivo aplicar “la muerte cruzada”, es decir disolver la Asamblea y provocar el adelanto de elecciones generales, como una salida a la crisis política.
“No hay ninguna norma en la Constitución que prohíba que iniciado un proceso de juicio político no se pueda activar una prerrogativa o facultad que está en la Constitución para el Presidente. Si la toma o no, es una valoración de acto político del Gobierno, que solo le corresponde al Primer Mandatario”, puntualizó.
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