Reunión de el Presidente de la República Rafael Correa con los transportistas en respaldo ante el paro nacional del 13 de agosto de 2015. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO
Miércoles 7 de noviembre del 2012. Unos 12 000 transportistas se reúnen en Durán (Guayas) con el presidente Rafael Correa.
El objetivo: mostrarle su apoyo para la reelección. El Mandatario les devolvió el gesto ese día, recordándoles que también los apoyaba. Desde entonces, ese respaldo se ha traducido en beneficios para los transportistas.
Los choferes destacan al menos seis logros entre los más importantes. La compensación por el cobro de tarifas diferenciadas, el bono de chatarrización,la exención tributaria para la importación de llantas, de aceites, entre otros.
Incluso en los momentos en que esa relación ha estado a punto de trastocarse, el Gobierno ha reaccionado y ha socavado cualquier roce.
La semana pasada, por ejemplo, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) manifestó internamente su preocupación porque el Estado adeudaba USD 99 millones, por los planes dechatarrización y tarifas diferenciadas, hasta el 27 de junio. Pero antes de que el descontento adquiriera otras dimensiones,Correa aceptó, luego de una reunión, pagar de inmediato USD 30 millones y gestionar el restante.
“Están cobrando (los transportistas) el silencio y la actitud pasiva que han tenido en estos años”, dice Francisco Rocha, analista político. Él explica que este gremio y el Gobierno han desarrollado una relación costo-beneficio, favorable a los choferes en temas económicos y al Gobierno en lo político.
Recuerda que en administraciones anteriores, esta agremiación paralizaba ciudades y carreteras del país, exigiendo alzas de pasajes y otros beneficios. Ahora, en cambio, “AP hasta logró incluir en su militancia a los dirigentes”.
El movimiento tiene en la Asamblea Nacional a dos legisladores que son influyentes en el sector: José Zapata y Alberto Arias, quienes dejaron la dirección de la Fenacotip y de la Federación de Choferes Profesionales, en su orden; para representar al oficialismo ahí.
Sin embargo, Abel Gómez, presidente actual de la Fenacotip, niega “categóricamente” un vínculo político. Menciona que la entrega de los beneficios es justa y responde a la necesidad de brindar un buen servicio a la gente. Pide a las personas no confundirse, ya que no apoyan al Gobierno. “No queremos volver al pasado”, dice al ser consultado por las próximas elecciones.
Sobre la desaparición prolongada de paros y protestas, en cambio, indica que buscan “la paz y tranquilidad en el país”. El último paro nacional de transportistas se registró el miércoles 31 de agosto del 2011. En esa ocasión reclamaron por la falta de control gubernamental a la proliferación de transportistas informales. Se calcula que hay unos 100 000 transportistas en el país.
Para Guillermo Abad, fundador de la organización Justicia Vial, la posición de los transportistas tiene otra explicación. “No se paralizan, porque les dan todo y eso no está mal, siempre y cuando sean recíprocos”.
Asegura que pese a los incentivos que el Estado ha entregado no se evidencia un mejoramiento en la calidad del transporte público. Como ejemplo, dice que hasta el 2014, cuando tenían las cifras oficiales del SOAT; la mayor cantidad de accidentes (48%) involucraban a choferes profesionales.
Sobre los incentivos que reciben los choferes, Gómez explica que las tarifas preferenciales no son un subsidio sino una devolución, puesto que el Gobierno es el encargado de atender a los grupos prioritarios y pagar el otro 50% de la tarifa del pasaje.
Óscar Bonilla, secretario nacional de Acción Política de AP, también niega algún tipo de negociación con los transportistas. Explicó que los acuerdos se han logrado en función de un diálogo creado con “demandas y respuestas coherentes”.
Añade que se ha trabajado con base en la capacidad de generación del Gobierno y considerando que el transporte es un sector estratégico. “No se han hecho concesiones, porque siempre han sido convergentes. Son dirigentes maduros, responsables y que entienden las dificultades del país”.
Sobre la presencia de Arias y Zapata en la Asamblea Nacional, Bonilla explicó que ellos son militantes del partido y no han intervenido en la relación con los transportistas. Esta aseveración la comparte Abel Gómez, quien incluso dice que ellos no los representan.
Explica que las federaciones han tenido que llevar sus pedidos a las autoridades directamente, tanto a la Presidencia como a la Asamblea, puesto que los legisladores no son sus representantes oficiales.
Rocha cree que esta relación puede afectar al Gobierno entrante, si gana alguien que no pertenezca al oficialismo.
El nuevo Presidente -agrega- se verá en la necesidad de negociar todos los subsidios e incentivos para no agravar la crisis. Sin embargo, Gómez asegura no haber recibido llamadas ni acercamientos de ningún partido o precandidato hasta el momento.
