El ministro del Interior, Juan Zapata, y los jefes de la Policía y Fuerzas Armadas comparecieron a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esto como parte del trámite de tres pedidos de juicio político contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo.
Las autoridades se refirieron al paro de junio del 2022, que es una de las causales para el juicio político contra Carrillo, que esgrimen los asambleístas interpelantes del correísmo, Pachakutik y la Izquierda Democrática (ID). El exministro pidió que ellos sean convocados como parte de sus descargos.
El ministro Zapata defendió la capacitación de los policías frente a estas contingencias. El funcionario explicó que esto incluye preparación sicológica, verbalización, mantenimiento del orden, género, no discriminación, uso de armas y elaboración de partes, entre otros.
“Está establecido que las directrices que se emiten desde el nivel superior serán acatadas únicamente si se establecen en el marco de la legalidad y en el marco de los acuerdos internacionales, y en el marco del respeto a la ley y a la dignidad humana”, apuntó el comandante de la Policía, Fausto Salinas.
Salinas recordó que esta institución cuenta con un protocolo para el mantenimiento del orden público, lo que se ajusta a reglamentos e instrumentos internacionales.
Lineamientos
Zapata y Salinas precisaron que la responsabilidad política de las acciones policiales corresponde al Ministerio del Interior, mientras la responsabilidad operativa está a cargo de la Comandancia General de la Policía.
Todas las acciones relacionadas con el control del orden público, y en el caso de los hechos de junio, de la protesta social, están apegadas a la Constitución, instrumentos internacionales de derechos humanos, leyes nacionales, protección y garantía de los derechos humanos y el respeto al debido proceso, insistieron.
Sobre las muertes ocurridas en las manifestaciones o relacionadas con ellas, el Comandante anticipó que se espera la verdad procesal, por cuanto esos casos están judicializados y serán la Fiscalía del Estado y los organismos judiciales los que determinen la responsabilidad de sus autores.
“No podemos calificar esos hechos como exceso de uso de la fuerza en tanto no exista un pronunciamiento de la justicia”, enfatizó.
Rol de FF.AA.
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, hizo un recuento de las protestas y recordó que, al menos, 17 militares resultaron heridos (3 de ellos de gravedad). Además, cuatro camiones fueron destruidos.
“Estos hechos se encuentran respaldados en videos que evidencian la brutal agresión de la cual fue objeto el personal militar que ejecutaba dicha actividad”, expresó.
Recordó que las Fuerzas Armadas apoyaron a un convoy de 19 tanqueros, en la ruta Sushufindi-Pueblo Providencia, que fue impedido de avanzar por los manifestantes mediante el uso de armas de fuego y detonaciones, con el saldo trágico de un oficial fallecido, lo cual demuestra que no se trató de una protesta pacífica.
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, también debía acudir a la Comisión, pero solicitó que se difiera su comparecencia debido a que a la misma hora fue requerido por otra mesa legislativa.
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