Aquellos que no lo hagan hasta mañana recibirán una notificación de que el plazo venció. Y a partir de allí tendrán 15 días más para justificar la proveniencia y destino de los aportes recibidos para la campaña de la consulta popular del 7 de mayo.
Una vez presentado los justificativos, la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político del Consejo Nacional Electoral (CNE) será la encargada de realizar un examen de la información, en un plazo de 30 días.
El estudio consiste en un análisis de los datos proporcionados para verificar que los aportes recibidos fueron lícitos. Además, establecerán si las campañas superaron o no el gasto máximo permitido para campaña, que es de USD 65 000 por sujeto político. En el caso de las alianzas, ese valor se multiplicará por el número de organizaciones que las conformen.
En este sentido, se pueden establecer dos sanciones. Por un lado, si los sujetos políticos no presentan sus cuentas hasta la fecha tope pueden perder los derechos de participación durante dos años, y multa de hasta 20 remuneraciones básicas.
La segunda sanción es una multa en caso de un exceso en el gasto de campaña. Para verificarlo se cruza información con el Consep, Contraloría, Ministerio de Recursos no Renovables (prohibición de aportes a quienes tienen concesiones de explotación), SRI y una base se datos de imprentas.
La consejera Marcia Caicedo dice que si se detecta un exceso en el gasto, se solicita una explicación. En el caso de que exista un ocultamiento de información, el Consejo Electoral puede contratar a una empresa de auditoria para que establezca el valor no reportado.
Por ejemplo, si alguien se excedió en el gasto en USD 10 000, la multa sería el doble del exceso, USD 20 000. Pero existe una excepción: el gasto no puede superar el 30% del monto máximo. Si el excedente supera los USD 19 500, la multa será el cuádruple del exceso.