¿Qué se debe tener en cuenta para optar por un candidato? La respuesta puede incluir muchas variables. Sin embargo, las pistas sobre qué quiere hacer y cómo lo hará están en su plan de trabajo.
El Código de la Democracia establece como requisito para las candidaturas a las alcaldías y prefecturas, adjuntar un plan de trabajo. El documento se anexa al formulario de la inscripción.
Desde las reformas a la norma electoral que entraron en vigencia a partir de 2020, este requisito se tomó con más seriedad. El analista electoral Esteban Ron señala que ahora hay una estructura con la que debe cumplir el documento.
Se refiere a que el plan debe tener tres partes. La primera es un diagnóstico de la situación actual de la provincia o cantón que pretende gobernar. Con eso hay cierta garantía de que el aspirante reconoce los problemas que enfrentará.
En la segunda parte tienen que estar los objetivos general y específicos de su eventual gobierno. Finalmente, se incluirá un plan de trabajo plurianual, de acuerdo con la dignidad que pretende alcanzar.
En esta última parte, los candidatos deben establecer las propuestas y estrategias que van a ejecutar en caso de resultar electos. La entidad a cargo de verificar que cumplen con el requisito es el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El vicepresidente de ese organismo, Enrique Pita, dice que esa información debe ser de acceso para todos. Reconoce que al recibir el plan se verifica que cumpla con la estructura, pero no se realiza una revisión minuciosa.
Esto porque la entidad no está en la facultad de calificar si los planes y estrategias son las adecuadas o posibles de cumplir. Además, el Vicepresidente aclara que ese plan no incluye obras concretas, sino las líneas generales de trabajo.
Para Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, un elemento fundamental es votar por un plan de trabajo más allá de las figuras que eligen e imponen los partidos en sus listas.
Hidalgo dice que no es un trabajo fácil. Sin embargo, hay entidades -como el mismo CNE u organizaciones de la sociedad civil- que pueden apuntalar el esfuerzo en discutir las propuestas para llegar a un voto más informado.
La base de una fiscalización
El 4 de julio pasado, el Pleno del CNE negó la entrega de formularios a la iniciativa para revocar el mandato del presidente Guillermo Lasso. Una de las bases para esa iniciativa fue comparar el plan presentado con los logros del primer año de gobierno.
Entonces solicitaron al organismo electoral el plan que Lasso ingresó como parte de su inscripción para las elecciones de 2021.
Esta es una muestra de que el plan de trabajo no es un asunto menor. Ron señala que la información que se incluye en el documento puede ser usada para que la ciudadanía ejerza la fiscalización. Recuerda que el incumplimiento puede acarrear sanciones que llegan hasta la destitución.
Por ejemplo, el exalcalde y actual candidato a la alcaldía de Quito, Jorge Yunda, incluyó en su plan para las seccionales de 2019 varias estrategias en movilidad. Una de ellas fue la de definir la tarifa del Metro e integrar los sistemas de transporte. La primera se cumplió. La segunda, durante sus dos años en el cargo, no se concretó.
Antes de su remoción, se inició un concurso para reorganizar las rutas y frecuencias en superficie. Hasta ahora, con la nueva administración, no hay una definición.
Una alternativa
El viernes pasado, el consejero del CNE, José Cabrera, anunció la actualización de la aplicación de esta institución. Tendrá información sobre el proceso para 2023.
Con la ‘app’, los votantes podrán conocer su lugar de votación, consultar multas pendientes y qué dignidades se van a elegir; cuenta con un simulador de candidatos para las organizaciones políticas. También tiene una opción para conocer las propuestas de los candidatos. Esto será una vez que estén definidas las candidaturas.
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