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El plan petrolero-minero abre otros frentes más al Gobierno

El pasado miércoles 11 de agosto se realizó en Quito una marcha que fue convocada por el FUT. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El Gobierno Nacional, a pesar de la jornada de movilizaciones registrada el miércoles 11 de agosto del 2021, mantiene un mensaje claro: los decretos relacionados con el sistema de bandas para fijar el precio de los combustibles no serán derogados.

Esa es la condición sine qua non del Gobierno para entablar diálogos con organizaciones sociales y gremios de agricultores, que piden la reducción o congelamiento del costo de los combustibles.

“No es posible que el Gobierno elimine la política de las franjas para la fijación de los precios” aseveró ayer, en una entrevista, la ministra de Gobierno Alexandra Vela.

Mientras se ultima el mecanismo de focalización del diésel para el transporte público, un nuevo frente de oposición germina: el antiextractivista.

Organizaciones sociales y de defensa de la naturaleza empiezan a cuestionar la política minera y petrolera que anunció el presidente Guillermo Lasso, con 81 días en el poder.

En su plan de gobierno ya anticipaba que el Ecuador “no puede darse el lujo de mantener sus recursos petroleros y mineros bajo tierra”. En el documento se habla de aprovecharlos con responsabilidad ambiental, haciendo uso de los avances tecnológicos. En esa tarea, la inversión privada jugará un rol clave.

Los primeros pasos para lograr ese cometido se concretaron con los Decretos 95 y 151, con los que se estableció el plan de acción petrolero y minero, respectivamente.

El objetivo de Lasso es duplicar la producción petrolera en los cuatro años de su gestión. Actualmente se producen cerca de 498 000 barriles diarios. El Ministerio de Energía tiene la meta, hasta diciembre de este año, de incrementar la producción diaria en un 8%.

Para ello, se buscará que los campos actuales sean más productivos y también explorar nuevos. En su plan para llegar a Carondelet, Lasso argumentó que solo se ha explorado la mitad del Oriente ecuatoriano. “El suroriente del país alberga alrededor de 8 000 millones de barriles de petróleo comercialmente explotable”, se lee.

Esa situación preocupa a Yasunidos y a Acción Ecológica, entre otras organizaciones que se pronunciaron ayer. Pedro Bermeo, uno de los voceros, mencionó que el país lleva 54 años extrayendo petróleo, pero la pobreza no se ha erradicado. “El mejor ejemplo es el norte de la Amazonía”.

Apuntó que el Decreto 95 busca reformular contratos de explotación, con un formato de participación que resulte más atractivo. “Se generan impactos como la contaminación del agua, pérdida de biodiversidad e impactos sociales”.

El analista político Marcel Merizalde cree que los compromisos con los sectores minero y petrolero afrontarán resistencia. Dice que la marcha del miércoles mostró unidad de sectores sociales. “Puede significar que tenga una oposición extremadamente fuerte”.

El martes 10 de agosto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) resolvió consolidar un frente antiextractivista. Además, piden a Pachakutik (PK), su brazo político, impulsar un proyecto sobre la consulta previa libre e informada.

Este elemento podría condicionar la capacidad de maniobra de Lasso en la Asamblea Nacional. La propia ministra Vela reconoció, ayer, que “es difícil poder contar con una mayoría de respaldo a las propuestas legislativas del programa del Gobierno”.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori (PK), dice que por ahora no hay ninguna reforma legal sobre sectores estratégicos. Pero aseguró que trabajará coordinadamente con el Ejecutivo. Además, reveló la posibilidad de conformar una comisión ocasional sobre el tema. “Esta comisión va a fiscalizar todos los contratos y renovaciones de contratos petroleros y mineros”.

En cuanto a la minería, Lasso busca facilitar la inversión privada. Ofrece reunirse cada dos semanas con representantes de ese sector. En el 2020 -dijo el Mandatario- el Ecuador exportó USD 1 000 millones por minerales. En este 2021 espera que sean USD 1 600 millones.

La Cámara de Minería del Ecuador, a través de su presidenta, María Eulalia Silva, anunció que uno de los principales ejes del plan de acción es combatir a la minería ilegal.

Leonidas Iza, presidente de la Conaie, cuestiona la política extractiva de Lasso. “No vamos a resolver la crisis ampliando más la frontera minera, sino fortaleciendo lo que ya sabemos hacer los agricultores en esos territorios”.

Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería, precisó que el Gobierno se comprometió a transparentar el manejo de las regalías generadas por la minería. “La queja es ¿adónde se va la plata de la minería? Ahora, el Presidente dice ‘yo voy a decir adónde”.

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