La Comisión de Fiscalización unificó los dos pedidos de juicio político en contra de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), a quienes asambleístas de Pachakutik acusan de supuesto incumplimiento de funciones.
La resolución se tomó este jueves 8 de septiembre de 2022, con los votos del presidente de la mesa, Fernando Villavicencio; la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo); Pedro Velasco y Marco Troya, del bloque oficialista; y Bruno Segovia, exintegrante de la bancada de Pachakutik.
Uno de los pedidos de interpelación fue presentado por Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik, en contra de los siete integrantes del Cpccs. La otra solicitud provino de Mireya Pazmiño y Salvador Maita, del ala radical de Pachakutik, en contra de los consejeros de mayoría, con el auspicio del correísmo.
El voto decisivo
Para la unificación de estos pedidos fue clave el voto de Segovia, quien hace una semana votó con el correísmo y el PSC para que se tramite primero la solicitud de Pazmiño, pero cambió de criterio cuando Cordero pidió que esa decisión fuese reconsiderada esta mañana y se pronunció a favor.
“Es verdad, la joya de la corona es el Consejo de Participación Ciudadana en la que se van a designar autoridades y están en disputa el Gobierno y la oposición. Nosotros no estamos en ese juego. Tomamos una posición en la sesión anterior, pero analizando y como nosotros no nos vendemos… preferimos que se vayan todos a la casa”, dijo.
Cordero adujo que el Cpccs es un órgano colegiado, en donde las decisiones se toman en conjunto y, por tanto, la fiscalización debe ser para todos. Señaló que la sustanciación de esta causa se dará después de la vacancia legislativa, prevista del 12 al 26 de este mes.
Entre otras causales, las solicitudes de interpelación aluden a un incumplimiento de funciones del Consejo de Participación al haber cambiado el reglamento mientras se desarrolla el concurso para designar al nuevo Contralor General del Estado. Además, consideran que hubo falta de transparencia en el nombramiento del Superintendente de ordenamiento territorial.
