La mayoría que lidera el correísmo de Unión por la Esperanza (Unes) y el Partido Social Cristiano (PSC) se impuso este lunes 29 de agosto de 2022 en el tratamiento de los pedidos de juicio político contra los consejeros de mayoría y minoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
“Lo que acaba de pasar el día de hoy es la confirmación, aunque no lo quieran aceptar, de que aquí priman los ceros, y a veces los ceros a la derecha”, dijo el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente).
La mayoría se impuso al rechazar una moción de la asambleísta del oficialismo Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión, para unificar los pedidos de interpelación a los consejeros de mayoría y minoría del Cpccs.
Con el apoyo de Bruno Segovia, afín al excandidato presidencial de Pachakutik Yaku Pérez decidieron avocar conocimiento solo de una solicitud, en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. El pedido es impulsado por Mireya Pazmiño y Ángel Maita, del ala radical de Pachakutik.
Reacciones
“No hay muestra más clara y más evidente que quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana que la votación que acaba de ocurrir el día de hoy. Un juicio político a la carta”, reaccionó Cordero.
Villavicencio reprendió a Segovia: “Fue usted quien me dijo que la proponente de este juicio político, Mireya Pazmiño, le solicitó a usted que asuma la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. Y también debo decir que fue la misma asambleísta Pazmiño, que me pidió que dividamos este juicio y que no permitamos que vayamos a un juicio unificado”.
“Aquí está la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. Si tienen seis votos súmenlos, y hagan ustedes el trabajo sucio”, acotó Villavicencio, quien se abstuvo de votar y de inmediato cerró la sesión, sin dar paso a un pedido de réplica de Segovia. La sesión se dio en modalidad semipresencial.
Los cuatro miembros del Consejo de Participación Ciudadana son señalados de una presunta ausencia de transparencia en el proceso de designación del cargo de Superintendente de Ordenamiento Territorial.
También se les imputa una supuesta arrogación de funciones por incluir en el orden del día de la sesión ordinaria No. 3 del Pleno del Consejo el debate de la reforma al reglamento de selección y designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.
La Comisión de Fiscalización calificó la solicitud de juicio político con 5 votos a favor y 4 abstenciones.
La Comisión dejó pendiente para avocar conocimiento y calificar una segunda solicitud de juicio político. Esta vez en contra de los siete consejeros de Participación Ciudadana, interpuesta por los legisladores Ricardo Vanegas y José Chimbo, de Pachakutik.
Para este proceso, el presunto incumplimiento de funciones tendría relación con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, posibles irregularidades en el proceso de designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial; y, por conflicto de intereses para la designación del Defensor del Pueblo, César Marcel Córdova.