El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno, así como María del Carmen Maldonado, extitular de este organismo, enfrentarán un juicio político en el Pleno de la Asamblea por supuesto incumplimiento de funciones.
Así lo resolvió este domingo 28 de agosto el Parlamento, en la sesión 795 en modalidad virtual, después de que se conoció el informe de posturas de los integrantes de la Comisión de Fiscalización sobre la sustanciación de esta causa.
La moción fue presentada por el correísmo, con el auspicio del Partido Social Cristiano. Necesitaba 70 votos para ser aprobada, pero alcanzó 87 a favor, con el apoyo de legisladores independientes y algunos de Pachakutik. 49 asambleístas del oficialismo y de la Izquierda Democrática (ID) se abstuvieron.
Una eventual censura y destitución de las autoridades de la Judicatura dependerá de 92 votos.
De acuerdo con el procedimiento parlamentario, al presidente Virgilio Saquicela le corresponderá llamar a una nueva sesión del Pleno, en el plazo de 5 días. La sesión iniciará este miércoles, a las 19:00. Allí deberán presentarse las pruebas de cargo y de descargo, y después del debate se decidirá una posible censura y destitución de las autoridades de la judicatura, lo que depende de 92 votos.
Debate
El debate estuvo dominado por una docena de asambleístas del correísmo, de Pachakutik y el Partido Social Cristiano (PSC). El oficialismo y la Izquierda Democrática (ID) no intervinieron, tampoco los legisladores independientes.
Los asambleístas Fernando Cedeño, Pamela Aguirre, Gabriela Molina, Fernanda Astudillo, de la bancada de Unes, respaldaron el pedido de su coidearia, Viviana Veloz, de impulsar este juicio político. Cedeño presentó la moción.
Insistieron en que con este proceso se da porque las autoridades de la Judicatura destituyeron a jueces por fuera del periodo previsto en la Constitución y la Ley, en 2019, lo que incluso fue señalado por una sentencia de la Corte Constitucional.
Aseguraron que la intención no es tomarse el Consejo, ya que, en caso de prosperar la censura y destitución, los vocales removidos serían reemplazados por otros que integraron las mismas ternas que en su momento fueron conocidas por el Consejo de Participación Ciudadana.
“Cada uno sabe, y el país lo sabe, que si los vocales de la Judicatura no son censurados, no será porque falten pruebas, colegas legisladores, sino porque una vez más prostituyeron su función. Ustedes colegas lo saben que aquí en los pasillos de la Asamblea Nacional han existido ofertas de notarías, direcciones provinciales e inclusive magistraturas”, dijo Veloz.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), denunció que detrás de este tema hay un “pacto siniestro” entre el correísmo y el PSC.
“Aquí hay un pacto entre quienes gobernaron, persiguieron y controlaron la justicia durante una década con los que antes pusieron tanques en la Corte Nacional de Justicia”, afirmó.
Aseguró que el proceso de evaluación a la Corte Nacional, que es objeto del pedido de interpelación del correísmo, permitió en 2019 “liberarle al país de jueces indecentes”.
“Aquí ha quedado en evidencia, compatriotas, que hay un pacto siniestro para tomarse la justicia, y para liberar, y para revisar las sentencias. Ya van a ver como en los próximos días cómo declaran inocente a Jorge Glas Espinel, Wilson Pastor y otros en el caso Singue”, acotó Villavicencio.
Desde el Partido Social Cristiano, Luis Almeida y Gustavo Loor, alterno de Geraldine Weber, salieron al paso de las acusaciones de Villavicencio; lo señalaron de defender los interes del Gobierno. “Usted y el Gobierno quieren meterle la mano a la justicia”, enfatizó Loor.
Almeida dijo haber instruido a los operadores judiciales para que graben a las autoridades de la Judicatura sobre supuestas presiones. “Ya va a salir el video, ya mismo va a salir el video”, anunció.
El legislador socialcristiano expresó su solidaridad con asambleístas de Pachakutik. Sostuvo que el presidente Guillermo Lasso debió ofrecerles disculpas, y no solamente retirar la denuncia que presentó contra cinco de ellos por supuestamente exigir dinero por votos en la Asamblea.
Marcelino Chumpi, uno de los aludidos, reaccionó y dijo que no existe un acuerdo o negociación con el Gobierno. Se presentó como un legislador “pulcro” que considera que hay “motivos suficientes” para el juicio político a la Judicatura.
El coordinador de Pachakutik, Salvador Quishpe, manifestó que la justicia ecuatoriana está envuelta en un “borra y va de nuevo”. Consideró que se debe reformar la Constitución para eliminar al Consejo de la Judicatura. También exigió respeto a la justicia indígena.
“Los pueblos indígenas no estamos para responder a los apetitos políticos de sectores particulares y menos para sumarnos a esos intereses de consolidar la impunidad y querer tumbar un Consejo de la Judicatura, querer tumbar jueces que les revisen las sentencias de su corrupción por Odebrecht, por una serie de delitos cometidos en su Gobierno”, enfatizó.
La resolución aprobada por el Pleno indica:
1. Enjuiciar políticamente a María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno, por haberse encontrado durante el proceso méritos suficientes.
2. Disponer al Presidente de la Asamblea se continúe con el trámite previsto en el artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.