La investigación al presidente Guillermo Lasso por el caso Pandora Papers tuvo sus primeros desencuentros. La manzana de la discordia fue la lista de invitados a comparecer, que generó un primer pulseo entre el correísmo, Pachakutik y el oficialismo en la Comisión de Garantías Constitucionales.
La correlación de fuerzas entre los nueve integrantes de esta mesa se puso a prueba ayer (18 de octubre del 2021) cuando el asambleísta Gruber Zambrano (exPSC) presentó dos mociones: una para que se excluyera a la esposa del mandatario, María de Lourdes Alcívar, y a Santiago Lasso, uno de sus hijos, de este proceso.
“Aquí no hay culpables hasta que no veamos con documentación la verdadera investigación. Si la señora esposa del Presidente de la República, el señor hijo, en el tiempo de la investigación, tienen algo que ver, yo no me voy a oponer que no sean convocados”, adujo.
Zambrano obtuvo el respaldo de Virgilio Saquicela (ind.), con quien es parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que agrupa a Creo e independientes. Así como también de Édgar Quezada y Sofía Sánchez, de Pachakutik. Consiguió cuatro de los cinco votos que se requerían.
El presidente de la Comisión, José Cabascango y su coideario de Pachakutik, Mario Ruiz, se abstuvieron. “No es una comparecencia sino una invitación a que brinden información”, adujo Cabascango.
Mientras que las correístas Paola Cabezas, Victoria Desintonio y Fernanda Astudillo votaron en contra de la moción de Zambrano. “Quien ha involucrado a su familia en esto son los actores políticos, en este caso el Presidente de la República”, adujo Cabezas.
La segunda moción que presentó Zambrano fue para que la Comisión excluyera de la participación de Cinthya García, periodista del periódico argentino Página 12, a quien identificó como autora de una serie de publicaciones contra Lasso y de tener afinidad al expresidente Rafael Correa.
La propuesta tampoco fue aprobada, después de que obtuvo solo dos votos a favor. Cabascango y Sánchez se abstuvieron, mientras que los demás votaron en contra.
Zambrano y Saquicela también increparon al titular de la Comisión por haber incluido a última hora a la economista Wilma Salgado (exministra de Finanzas de Correa), y al experto en derecho tributario Carlos Pontón.
Ambos son académicos de la Universidad Católica y no constaban en la lista de invitados que la Comisión aprobó por unanimidad el jueves pasado. Mientras, el correísmo dejó sin quórum a la Comisión cuando debía intervenir Rodrigo Andrés Cordero, académico de la Universidad del Azuay.
“Los paraísos fiscales como tales, más que la posibilidad de pagar menos impuestos lo que ofrecen es sigilo, lo que no ofrecen es transparencia, de seguirle la ruta de los activos que puede tener una persona”, expresó Pontón.
“¿Considera usted que después de la revelación que ha hecho el Consorcio de Periodistas, la Fiscalía debería iniciar una investigación contra el Presidente de la República?”, preguntó Cabezas al experto y él consideró que se debería indagar si existe defraudación tributaria o el incremento privado no justificado.
El asambleísta Saquicela catalogó a las intervenciones como una “pérdida de tiempo”, cuando la Comisión también tiene programadas las comparecencias de autoridades del Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría, la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), entre otros.
Los representantes de Diario El Universo y del Comité Internacional de Periodistas de Investigación se excusaron de comparecer en relación a la filtración de información relacionada con paraísos fiscales, denominada Pandora Papers.
En cuanto a la comparecencia del presidente Lasso será está miércoles, a las 15:00, y la de sus familiares, su exasesor de campaña, Jaime Durán Barba, será a las 9:00, en el Salón de los expresidentes del Parlamento.
Para el politólogo José Luis Fuentes, todo esto es parte de un juego político que pone a prueba la institucionalidad del país y la credibilidad tanto del Presidente como de la Asamblea.
“Yo no sé si con esto se consolida la oposición dentro de la Asamblea (…). Si esto, políticamente hace que la oposición se junte, yo no creo porque, de lo que ve, cada bloque tiene sus propias motivaciones en este hecho, y eso hace que no coincidan”, manifestó.
La directora del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, y el constitucionalista André Benavides, concuerdan en que la Asamblea no tiene atribuciones para ejercer control político a personas distintas a los servidores públicos, por lo que no tiene consecuencia jurídica para los privados que no asistan.
“Vemos que existe una mayoría en la Asamblea que puede ser bastante complejo para el presidente Lasso. Sin embargo, son mayorías coyunturales, móviles”, dice Benavides, quien matiza que la Comisión no puede llegar a recomendar juicio político “porque tener bienes o capitales en paraísos fiscales no es una de las causales”.
El numeral 9 del artículo 120 de la Constitución, y los artículos 26, 75 y el 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa regulan las capacidades de la Asamblea para investigar a funcionarios públicos. “La figura con la que van los expertos, académicos y otros es para ilustrar el criterio de las comisiones. Otra cosa es invitar a personas que tengan aparentemente una relación directa con los hechos que se investigan, respecto de esta parte no hay una norma que le faculte a la Asamblea hacerlo”, precisó Rivas.
