Al menos 42 personas serán convocadas a la Comisión de Garantías Constitucionales como parte de la investigación de los Pandora Papers. Además del presidente Guillermo Lasso, el listado incluye a periodistas, académicos y delegados de instituciones públicas.
La denominada “hoja de ruta” para esta investigación fue aprobada el miércoles 13 de octubre de 2021 y se prevé entregar un informe para resolución del Pleno hasta el 6 de noviembre próximo.
El listado contempla pedidos de comparecencias al presidente Lasso, a su esposa, María de Lourdes Alcívar, y a Santiago Xavier Lasso, uno de sus hijos. También su estratega de campaña electoral, Jaime Durán Barba, y el exnotario Roger Arosemena Benítez, actual embajador en la Santa Sede.
Asimismo, serán llamados los miembros del Consorcio Internacional de Periodistas Investigación (ICIJ), periodistas de Diario El Universo, que difundieron la filtración sobre paraísos fiscales; y Cinthya García, de la publicación argentina Página 12.
“Los medios de comunicación que han formado parte de la investigación de los papeles de Pandora proporcionarán de forma física y verbal toda la información relativa al caso motivo de la investigación”, refiere el documento entre sus objetivos.
Entre las autoridades se prevé la comparecencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que deberán responder sobre la calificación de la candidatura de Lasso para los pasados comicios.
También la Contraloría, Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central y Cancillería. En total serán 10 instituciones públicas las que deberán proporcionar información.
Cinco académicos de universidades públicas, entre ellos la exministra de Correa, Katiuska King, el constitucionalista Alfonso Zambrano Pasquel, 11 expertos nacionales e internacionales y 4 de entidades como la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas completan el listado.
En la hoja de ruta no constan fechas específicas para las comparecencias, pero se prevé que desde mañana se empiecen a generar los pedidos de información.
La resolución se tomó siete días después de que el Pleno le encargó a la Comisión esta tarea, “con el fin de esclarecer la vinculación del presidente Guillermo Lasso, dentro de la investigación periodística divulgada, relacionada con el uso de empresas fantasma en paraísos fiscales y los fines de las mismas”.
El procedimiento se apegará al artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se estipula que “el informe de la comisión podrá incluir la recomendación de inicio del trámite de juicio político previsto en esta Ley, si de la investigación se determina posible incumplimiento de funcionarios sujetos a juicio político”.