Pabel Muñoz compromete su reelección en Quito tras suspensión del Movimiento Amigo
El analista Alfredo Espinosa explica la situación de Pabel Muñoz en medio de la suspensión de Amigo por el TCE.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, está contra el tiempo tras la decisión del viernes 17 de julio del juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Juan Patricio Maldonado. El magistrado dictó la suspensión del Movimiento Amigo, que recogía a figuras del correísmo. Esta barrera legal complicó los deseos de una reelección de Muñoz, en los comicios del 29 de noviembre de 2026.
Consecuencias de la resolución del TCE
Como lo contó EL COMERCIO este viernes 17 de julio, la resolución del TCE aceptó una denuncia presentada por el presunto lavado de activos; con ello, se suspendió al partido por nueve meses. Todos los candidatos que integraron el proceso de democracia interna del Movimiento Amigo, incluyendo al actual mandatario capitalino, se vieron comprometidos.
Así, Pabel Muñoz quedaría eliminado de la contienda electoral si los candidatos no oficializan sus alianzas políticas con otras organizaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). El plazo vence este sábado 18 de julio a las 23:59.
Experto advierte que Muñoz y figuras del correísmo no llegarían a las seccionales
Sin embargo, el experto electoral y analista político, Alfredo Espinosa, explicó a EL COMERCIO que el juez Maldonado no solo suspendió la organización política, sino que también anuló cada acto generado bajo ella.
Este efecto jurídico afecta a Pabel Muñoz y a todos quienes participaron en el proceso de selección de candidatos. Esto significaría que, pese a que se ejecutaran las alianzas en el tiempo establecido, los candidatos que fueron elegidos en las internas del Movimiento Amigo no podrían ser considerados.
Espinosa añadió “Quienes estuvieron involucrados en el proceso de democracia interna no pueden ser candidatos. Aquellos que sí, deberán ser acogidos por otro movimiento hasta hoy”.
Dificultad para crear alianzas políticas con Movimiento Amigo
El analista enfatiza que la situación es crítica porque hay otro problema legal: De lograrse las alianzas políticas, estas deben darse entre partidos activos; y para él, Amigo no podría acercarse a ningún movimiento porque ya está suspendido.
“Los candidatos de otros partidos primero deberían renunciar de forma voluntaria y dejar sin efecto las elecciones internas, esto complica el panorama aún más”, sentenció Espinosa.
Críticas sobre la calidad democrática
Alfredo Espinosa alerta que la decisión del juez del TCE es “polémica y causa la devaluación democrática y posible violación de convenciones internacionales”.
“Toda elección debe ser libre, transparente y competitiva, y esto último implica la presencia activa y plural de distintos actores; esto es cerrarle la puerta de golpe a la oposición”, mencionó.
Impacto internacional y condiciones democráticas
Espinosa explica que también puede haber una vulnerabilidad a tratados internacionales: “Cuando los cuerpos diplomáticos no encuentran condiciones democráticas para el desarrollo de un proceso electoral diáfano, competitivo, libre y transparente, simplemente no asisten y no avalan con su presencia esas elecciones”. Esto representa un gran riesgo para el respaldo internacional a estos comicios, afirma.
La Convención Interamericana de Derechos Humanos protege el derecho de cada ciudadano a ser elegido, indica Espinosa, quien afirma que con la decisión del juez se está “agudizando la condición autoritaria” del sistema.
Pabel Muñoz denuncia persecución política
Pabel Muñoz se pronunció este sábado describiendo su situación como “un terrorífico abismo sin fin”. Así caracteriza la sucesión de cambios que sufrió el correísmo y su principal partido: Revolución Ciudadana.
El alcalde se refirió a las variaciones de números que hubo en los últimos nueve años en RC: Pasaron de representarse con el número 35 al 5, 1, nuevamente 5 y ahora 16. “Esto demuestra un patrón de persecución que lo deja sin candidatura para la reelección”, mencionó.
Muñoz vincula esta última suspensión de Amigo con la afectación de derechos políticos del electorado. Argumenta que el derecho de los ciudadanos a elegir a sus autoridades locales está siendo vulnerado por decisiones judiciales que trascienden lo electoral.
El alcalde sostiene que las instituciones del Estado han “funcionalizado aparatos para perseguir adversarios políticos”.
