La Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador presentó este 9 de diciembre de 2022 el informe de situación de los derechos humanos durante la administración de Guillermo Lasso y el paro de junio. Entre las conclusiones, denuncia el uso indebido del estado de excepción.
Representantes de la Alianza, junto a dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), presentaron el mapa de vulneraciones y el ‘Informe de situación de Derechos Humanos en el primer año de Gobierno de Guillermo Lasso y el Paro Nacional 2022′.
En una rueda de prensa, Nathaly Yépez, asesora legal de Amazon Watch, resumió las conclusiones que recoge el documento. El paro de junio desde los estándares internacionales “fue y será una expresión legítima de disenso frente a las decisiones políticas y públicas de los gobiernos de turno. Por lo tanto, no podía ser criminalizada. Esa criminalización constituye una grave vulneración de derechos humanos”, señaló.
La Alianza detalla que hubo un uso indebido por tres ocasiones de la figura del estado de excepción para movilizar a las Fuerzas Armadas y evitar procesos de control político y constitucional. Se refieren a los tres Decretos Ejecutivos, emitidos por el presidente Guillermo Lasso en los 18 días del paro nacional (Decretos 455, 459 y 463), bajo la causal de grave conmoción interna.
Se evidenció que para el Gobierno el diálogo no es la primera vía para construir políticas públicas porque eso ocurrió luego de varios días de movilización y “un alto costo humano”. El Gobierno incumplió las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras las movilizaciones del 2019, agregó Yépez.
Resultados identificados
La Alianza detalla los datos que registró durante el paro de junio: Nueve personas fallecidas, incluido un servidor de la fuerza pública; y 318 personas heridas. De la última cifra, 22 presentaron heridas graves y cinco fueron heridos con perdigones. Entre las personas heridas se registró a 31 mujeres. Fueron 127 incidentes violentos.
Eso evidencia un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza por parte del Gobierno, contrariando las responsabilidades constitucionales, dijo Jorge Acero, coordinador Jurídico de la Alianza.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza, manifestó que en el primer año del Gobierno de Lasso la situación de derechos humanos es crítica y las medidas de ajuste estructural han sido nefastas para la garantía de derechos. La pobreza multidimensional en el sector rural alcanza el 70,7% y un 23% en el sector urbano; la extrema pobreza multidimensional es del 43% en la ruralidad, ejemplificó.
El informe fue presentado en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se recuerda cada 10 de diciembre.
El informe hace 12 recomendaciones al Estado ecuatoriano. Entre ellas, la Alianza insta: A cumplir sin dilaciones los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo, llevadas a cabo a partir del paro de junio; a implementar mecanismos en igualdad de condiciones y efectivos para tratar los temas pendientes o los disensos expuestos en las mesas de diálogo.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que sobre las víctimas de la movilización del 2019 se han agotado las demandas, sin obtener respuestas de la justicia ecuatoriana para la reparación integral. Sus exigencias están en el campo internacional con un proceso por lesa humanidad. Pero destacó que el informe de la Alianza servirá para “sostener un proceso judicial en Ecuador” para víctimas de junio del 2022.
Reiteró que la evaluación de la implementación de los acuerdos con el Gobierno se mantiene para el 2023, después de las elecciones seccionales. Además, las estructuras de la Conaie le apostarán al No de la consulta popular del Gobierno.
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