Cada 27 horas, una mujer es asesinada en Ecuador. Jessica Jaramillo, de la Fundación contra la Violencia, recordó esta realidad y cuestionó la transformación del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos en el de Política Criminal y Derechos Humanos.
Jaramillo fue tajante: “Nos gobierna la misoginia”. Ella y otras activistas, representantes de instancias como Cepam y el Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derecho, intervinieron este martes, 21 de mayo de 2024, en el Pleno de la Asamblea Nacional.
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El contexto de las intervenciones
Las presentaciones se dieron en el marco de una comisión general, antes de que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de reformas al Código de la Función Judicial.
Las reformas se refieren al principio de publicidad, reglas para los concursos de oposición y méritos, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, entre otros.
María José Gutiérrez, del Instituto de Investigación en Igualdad de Género y Derecho, increpó sobre qué ha pasado con las normas ya vigentes contra la violencia de género, dijo que los protocolos y acciones no se han activado.
Entre el 2017 y el 21 de enero de 2024, se han registrado 725 casos de femicidio, indicó Gutiérrez.
Estefany Guillén, representante de Cepam, cuestionó el cambio de nombre del Ministerio, señaló que las “mujeres no somos ciudadanas de segunda categoría” y que la modificación representa un retroceso en luchas ganadas luego de años.
Ella calificó como un acto misógino que pretende silenciar a las mujeres, “pero no será fácil”.
Justicia especializada frente a la violencia
Las representantes de las organizaciones compartieron casos de impunidad, de mujeres víctimas de femicidio y violencia sexual, física, acoso, etc. Ellas fueron enfáticas en la necesidad de personal de justicia especializado, que no violente ni impulse la revictimización.
A decir de Guillén, la cultura de violación y las violencias se ha normalizado. Dejó en claro que la Asamblea debe garantizar los derechos y fiscalizar al Ministerio de la Mujer.
Afectaciones de por vida
Karen Ulcuango, de la Fundación Mega, mencionó que los efectos del abuso se mantienen a largo plazo, en el ámbito familiar, laboral, en la salud mental, entre otros aspectos. Agregó que el tratamiento de estos casos requiere tratamiento urgente y especialización del personal.
En palabras de Ulcuango, es obligación del Estado garantizar la justicia. Los casos no son procesados de forma favorable para las víctimas, dijo.
Justicia y reparación integral son urgentes. “Las mujeres demandamos que la Asamblea se comprometa a legislar a favor de las víctimas”.
Las mujeres, además, hablaron de jueces y fiscales corruptos, que dejan libres a los agresores y femicidas.
¿Qué pasará con el Ministerio de la Mujer?
Este lunes, 20 de mayo de 2024, Esteban Torres, viceministro de Gobierno, que el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos pasará a ser el Ministerio de la Política Criminal y Derechos Humanos.
El argumento de la modificación fue que así se cubrirá un mayor espectro y la Cartera de Estado tendrá mayores facultades.
Según Torres, no se dejará de proteger los derechos de las mujeres, sino que se tendrá una operación mucho más integral.
El Ministerio de la Mujer, a través de un comunicado, informó que la prevención y erradicación de la violencia basada en género se mantendrá.