Observatorio verificó primer debate de nueva Ley de Comunicación
Entre verdades, verdades a medias e imprecisiones se dio el primer debate de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. Foto: Flickr / Asamblea Nacional
Entre verdades, verdades a medias e imprecisiones se dio el primer debate de la Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Expresión. Así lo señala un estudio del Observatorio de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo divulgado el lunes 31 de enero del 2022.
El documento recoge el análisis del discurso emitido por seis asambleístas de cinco bancadas legislativas: Ramiro Narváez (ID), Luis Almeida (PSC), Diego Esparza (Ind.), así como el de Ana María Raffo y Marcela Holguín, del correísmo.
La verificación de ocho pronunciamientos dio como resultado cinco intervenciones verídicas, dos imprecisas y una indeterminada, refiere el estudio.
Los resultados
En el primer grupo constan, por ejemplo, las afirmaciones de Narváez de que “la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” y que entre 2006 y 2020 más de 1 200 periodistas fueron asesinados en el mundo, basado en datos de la Unesco.
Asimismo, resultó verídico el argumento de Raffo de que “la Declaratoria Universal de Derechos Humanos calificó a la libertad de expresión como un derecho humano”. Y también que el Consejo de Regulación de la Comunicación fue creado por una disposición de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, como mencionó Holguín.
En cambio, fue catalogada de verdad a medias la afirmación de Luis Almeida de que Estados Unidos, Perú y Colombia son países que han tenido mucho éxito en desarrollar la libertad de expresión.
“Incluir a Colombia es una verdad a medias”, refutó el Observatorio y citó al informe de la Libertad en el Mundo 2021 de la organización Freedom House, donde refiere que Estados Unidos y Perú cuentan con una calificación positiva en libertad de expresión, pero tienen puntos que mejorar en lo que tiene que ver a la libertad en medios de comunicación.
En el mismo informe se señala que "en Colombia la libertad de expresión individual es generalmente respetada en los centros urbanos, pero inhibida en la ruralidad; además los periodistas sufren de intimidación, secuestro y violencia en el desarrollo de su labor".
Por otra parte, el análisis catalogó de impreciso el argumento de Ana María Raffo de que, por disposición de la Constitución, se debe responder civil o penalmente si se llega a afectar la honra, el honor o la dignidad de una persona, al ejercer el derecho a la libertad de expresión.
“La Constitución no señala de forma específica lo aseverado por la legisladora; únicamente establece la responsabilidad ulterior frente al ejercicio de la libertad de expresión. Es así que a través de normas secundarias como el Código Civil y el Código Orgánico Integral Penal se establecen sanciones en caso de afectarse la honra de las personas”, dice el estudio.
Además, puntualizó que “los datos oficiales disponibles y las investigaciones independientes no son suficientes para determinar si es verdadero o falso” el criterio de Holguín de que el Consejo de Comunicación no puede ser eliminado.
La primera discusión del proyecto se dio el 11 de enero pasado y el texto regresó a la Comisión de Relaciones Internacionales, que deberá elaborar un informe para el segundo y definitivo debate.
