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Plazos y objeción conciencia centraron discusión en Ley para aborto en caso de violación

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, presidió la sesión. Foto: Twitter / Asamblea Nacional

La objeción de conciencia y posibles plazos centraron el análisis este lunes 6 de septiembre de 2021 en la Comisión de Justicia, encargada de preparar un informe para primer debate del proyecto de Ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación.

La directora de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, manifestó que esta norma debe interpretarse de manera objetiva y en beneficio de la mujer. Consideró que el aborto es el inicio de un proceso de sanación que el Estado debe acompañar y pidió que se no se estipule un plazo para requerir la atención.

“Queremos una ley que no ponga plazos porque poner plazos es criminalizar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que llegan a los servicios posterior al plazo que se designe.  ¿Qué va a pasar con esas mujeres que llegan unas horas después o un día después del plazo determinado? Las van a denunciar porque van a pedir un aborto y el aborto va a seguir siendo ilegal”, señaló.

A su vez, el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, enfatizó que la normativa debe tener un equilibrio para defender los derechos de la mujer al igual que de los profesionales de la salud.

“Si un profesional de la salud hace uso de su objeción de la conciencia, tiene la obligación de derivar a la persona gestante por violación que desea interrumpir su gestación de manera voluntaria a un centro de atención o a un profesional que sí lo haga”, dijo.

Apuntó que “si el profesional de la salud atiende su objeción de conciencia en el sistema público, lo debe también hacer en el sistema privado y en el de la seguridad social, es decir, en todos los ámbitos donde ejerce”.

María Augusta Molina, experta en los temas de desarrollo de normativas sanitarias, apuntó que esta ley quedará incompleta si no abarca medidas de reparación integral para la víctima y de contención para evitar caer en el círculo de la violencia.

“La prevención terciaria hablaría de aquellas mujeres que, habiendo sido violadas y han decidido interrumpir voluntariamente su embarazo, necesitan medidas de contención para evitar que vuelva a caer en el círculo de la violencia que seguramente la llevó a ser violada”, apuntó.

El proyecto de Ley fue presentado por la Defensoría del Pueblo, tras un dictamen de la Corte Constitucional que en abril pasado despenalizó el aborto en caso de violación en el país.

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