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Tres nudos en Ley de Apoyo Humanitario

Fernando Callejas, de Creo, estuvo en el debate de ayer, en el que se dejó listo el informe para la votación. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Fernando Callejas, de Creo, estuvo en el debate de ayer, en el que se dejó listo el informe para la votación. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

Fernando Callejas, de Creo, estuvo en el debate de ayer, en el que se dejó listo el informe para la votación. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

El impuesto del 2% para los bienes en el país de empresas domiciliadas en paraísos fiscales se sumó a los nudos críticos de la Ley de Apoyo Humanitario. Aunque tampoco hay consensos para la tabla de contribuciones, la Comisión especializada prevé definir hoy, 8 de mayo del 2020, el ­informe para el segundo debate en el Pleno.

La aplicación del tributo abarcaría a 489 sociedades y generaría USD 47 millones, según información enviada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) a la Comisión de De­sarrollo Económico, que tramita el proyecto.

El socialcristiano César Rohón consideró que el impacto es insuficiente para paliar la crisis derivada de la pandemia del covid-19. Mientras que Homero Castanier, de Creo, sostuvo que se trata de un procedimiento inconstitucional.

La disyuntiva se da, por un lado, porque el artículo 135 de la Constitución precisa que “solo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos”.

El tributo no formaba parte del proyecto original. La norma suprema dice en su artículo 140 que el Parlamento tiene la facultad de “aprobar, modificar o negar” una ley urgente en materia económica, dentro del plazo de 30 días.

La propuesta del correísmo tiene el respaldo de asambleístas de Alianza País (AP) e independientes. Incluso de Fernando Callejas, del bloque de Creo, pese a que Castanier propuso excluir dicho artículo.

Después de tres días de sesiones, la Comisión concluyó ayer el análisis de las observaciones que se presentaron durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea.

Sin embargo, sus integrantes no lograron consensos para la aplicación de una tabla para las contribuciones de empleados públicos y privados, a las que se oponen el PSC y SUMA.

La propuesta del Ejecutivo es que el cobro se aplique a quienes reciben sueldos a partir de USD 500 mensuales. Con eso se prevé recaudar USD 901 millones para una cuenta única de ayuda humanitaria.

En principio, la Comisión recomendó que se lo haga desde USD 720, lo que habría permitido recaudar USD 882 millones. Pero en el primer debate esta propuesta no tuvo respaldo de las bancadas.

El presidente de la mesa, Esteban Albornoz, del bloque de AP y aliados, explicó que si se parte desde los sueldos de USD 800 se recaudarían USD 875 millones. “Las personas que aportarían se reducen a 755 000, lo que representaría el 26% de los trabajadores”.

Eddy Peñafiel, de Pachakutik, pidió iniciar desde quienes ganan USD 1 000, y de manera progresiva. Esto involucraría al 17% de los trabajadores y generaría USD 851 millones.

Castanier, por su lado, propuso que se lo haga desde los sueldos de USD 4 500, aunque en el primer debate en el Pleno había sugerido como base USD 2 500. En este último caso se abarcaría al 3,7% de trabajadores del país y se obtendrían USD 547 millones.

Las divergencias entre las bancadas también se mantienen en relación a una contribución del 5% de empresas cuyas utilidades superaron el USD 1 millón el año pasado. No hay un acuerdo para este tema.

Albornoz convocó para hoy a los 13 comisionados a una nueva sesión, a las 10:00, con el propósito de aprobar el informe para el segundo debate. Para que eso ocurra, se necesitan al menos siete votos.

Si el documento es aprobado, el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), deberá convocar al Pleno con 48 horas de anticipación. En caso contrario, no podría reunirse.

La salida de la Comisión es que los nudos críticos se resuelvan en el Pleno. En otras ocasiones, la falta de consensos obligó a dividir los textos por artículos para la votación. Se requiere de una mayoría absoluta (70 votos).

Dentro de la Comisión, los consensos se centran en las medidas de apoyo humanitario que incluye la ley. Sobre los artículos de reprogramación del pago de cuotas de seguros y suspensión de la matriculación y revisión vehicular, no hubo observaciones.

Uno de los cinco capítulos de la Ley se relaciona con reformas laborales. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocó hoy a un plantón.

El contrato especial de emergencia, la reducción de la jornada laboral o el uso de vacaciones futuras son parte del articulado. Al Parlamento solo le quedan ocho días para pronunciarse.

Con respecto a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, la comisión de Régimen Económico se reunió ayer y definió varios cambios. Los asambleístas del PSC pidieron el archivo del proyecto, ya que “atenta contra la autonomía de los gobiernos locales”.

En contexto

La Comisión de Desarrollo Económico aprobará hoy el informe definitivo de los cambios a la Ley de Apoyo Humanitario, enviada por el Ejecutivo. Si así lo dicen al menos siete de sus 13 integrantes. Para la aprobación del proyecto en el Pleno se requieren 70 votos.

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