El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, defendió el Decreto de estado de excepción frente a la movilización indígena y rechazó que entre las consignas se escuchen voces para derrocar al presidente Guillermo Lasso.
“Hay declaraciones públicas de dirigentes, hay incluso dirigentes que en el marco de la marcha han dicho que su objetivo es derrocar al Gobierno de Guillermo Lasso. Eso es ilegal. Eso es antidemocrático. Por el Gobierno actual votaron prácticamente 5 millones de personas, por tanto no resulta muy razonable que una, dos, dos mil o tres mil digan: vamos a derrocar al Presidente, porque eso es lo que hace que la democracia fracase y vaya de tumbo en tumbo. Las autoridades están para cumplir su mandato”, remarcó.
Jiménez compareció este lunes 20 de junio a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, en donde defendió el estado de excepción por el paro.
“No es levantado sobre el aire. Los hechos lo justifican. Tendremos que seguir los procedimientos legales. Pero estamos en la obligación de que los hechos que sucedieron en octubre de 2019 no se vuelvan a repetir en la capital. Y los hechos que se han producido en Tungurahua, Cotopaxi, no se sigan sucediendo y por eso nos toca intervenir”, añadió.
Negativa de la Conaie
Jiménez también mencionó que el Gobierno ha recibido “al menos tres o cuatro negativas para dialogar con la Conaie”.
Comentó que el sábado pasado el presidente Guillermo Lasso envió a la Conaie una respuesta a los 10 pedidos de la manifestación.
Sobre el pedido de reducir el precio de los combustibles, señaló: “Ya en octubre del año pasado hubo un congelamiento. ¿Hacer ahora otra reducción? Lo que sí podemos decir es que vamos a garantizar ese congelamiento no lo pensamos mover, para arriba no se va a mover. Eso es indiscutible. Que vaya para abajo es un tema muy complejo por la forma en que está planteada la economía ecuatoriana y por el rubro importante de subsidios”.
Sobre el pedido de que se declare una moratoria para los créditos en el sistema financiero puntualizó: “Para la banca pública ya está contemplada esa posibilidad en el Decreto, pero si procedemos a eso de forma unilateral en la banca privada es confiscación, salvo que se controle anatocismo o interés sobre interés, y comportamientos ilegales que están sancionados”.