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Medios incautados ahora están bajo el escrutinio

El canal incautado TC Televisión tiene su matriz en Guayaquil, en la avenida de Las Américas. Fue fundado en 1969. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

El debate sobre el rol de los medios públicos e incautados volvió a la palestra, con repercusiones en dos frentes.

El primero tiene que ver con la investigación de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea a los medios incautados.

El segundo aborda la autorregulación como propone en su proyecto de Ley de Libre Expresión el presidente Guillermo Lasso, una vez que TC transmitió el domingo 4 de julio del 2021 el programa ‘La Posta XXX’, que ha sido cuestionado.

TC Televisión es el primer medio incautado que es indagado por la mesa de Fiscalización. El legislador Fernando Villavicencio solicitó sus estados financieros y otros datos.

El gerente de TC, Rafael Cuesta, entregó información de los exámenes especiales emprendidos por la Contraloría a ese canal, en los últimos 12 años. Se registran seis exámenes especiales con 122 recomendaciones. Se indicó que desde el 2015 se acumularon USD 21,1 millones en glosas.

Sobre las finanzas, Cuesta dijo que “están bien” y que es un canal que rinde utilidades. Sin embargo, tiene cuentas por cobrar que ascienden a unos USD 27 millones. “El Estado le debe dinero a TC, por las sabatinas, las cadenas, por el campeonato nacional de fútbol…”.

En el estreno del programa ‘La Posta XXX’, en TC, se hizo una descripción de Leonidas Iza, con un acróstico ofensivo. En un tablero con una fotografía de Iza se colocaron dardos.

Iza anunció que tomaría acciones. “Nosotros vamos a tener que recurrir ya finalmente a un proceso legal”, manifestó.

Luis Vivanco, de ‘La Posta’, reconoció que “se les fue la mano”, ofreció disculpas y negó injerencia del Gobierno en esos contenidos.

La Secretaría General de Comunicación rechazó los comentarios y exhortó a TC a adoptar correcciones y sanciones. Lasso dijo que la “libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad”.

Cristian Torres, gerente de Comunica EP, mencionó que la directriz del Gobierno con respecto a los medios incautados ha sido clara: venderlos.

Esa empresa pública tiene un paquete accionario de USD 4,2 millones en TC. “La función de Comunica EP en las empresas incautadas se limita a los derechos económicos y de gestión”. Mencionó que los medios incautados tienen autonomía editorial y financiera.

Rafael Cuesta aseguró que el canal maneja de forma independiente su línea editorial. “No hay ninguna injerencia del Gobierno”.

Apuntó que los comentarios expuestos en contra de Iza no representan su línea editorial. “Nosotros creemos en la autorregulación. Lo que sucedió no debió suceder”.

Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, dijo que han encontrado irregularidades en medios incautados. Es por eso que primero se armará un equipo multidisciplinario “enfocado en consolidar los balances, evaluar el estado de las empresas para, una vez saneadas, poder venderlas”.

La analista política Dayana León explicó que independientemente de ser medios públicos, incautados o privados, se debe cumplir con una comunicación que respete derechos. “Solo así podemos construir sociedades más justas”.

A criterio del docente e investigador Pablo Escandón, “lamentablemente la autorregulación no funciona”. Aclaró que si bien la comunicación tiene sus matices, la regulación no implica sancionar.

Consideró que el actual Consejo de Comunicación, encabezado por Jeannine Cruz y cuya existencia está en debate, debería “velar por que se respeten los derechos”. Esa entidad también rechazó los comentarios contra Iza. “La autorregulación de los medios tiene como objetivo buscar un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad informativa”.

Según Comunica EP, actualmente dos medios incautados están activos: TC y Radio Difusora del Pacífico S. A. El resto está en liquidación.

Con respecto a los medios públicos, Bonilla aseguró que se trabaja en un proyecto de ley con el apoyo de la Unesco. La idea es analizar las prácticas que se implementaron en países como Japón, Australia, España, Alemania y Reino Unido, para el funcionamiento de sus medios públicos.

El objetivo planteado “es tener “ medios públicos que respondan a los ciudadanos y no a los gobernantes de turno”. Aseguró que serán administrados por consejos, con la colaboración de la academia y la ciudadanía en general.

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