El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), rechazó este martes 11 de abril que se pretenda limitar la entrega de pruebas para el juicio político por supuesto peculado contra el jefe de Estado, Guillermo Lasso. El tema ha derivado en una medición de fuerzas en la Comisión de Fiscalización.
“Las partes pueden presentar las pruebas de las que se crean asistidas, no puede negarse a nadie, hablando en derecho del país, que en una etapa de presentación de pruebas se le niegue de plano la presentación de las mismas”, enfatizó.
Saquicela salió al paso de una disposición del titular de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (ind.), para que los proponentes del juicio político singularicen o aclaren las pruebas que presentarán, una vez que la Corte Constitucional avaló este proceso contra Lasso por supuesto peculado y no por concusión, que también le imputaban.
Aunque Villavicencio remitió un oficio a la Corte para pedir una acción de seguimiento y control al dictamen, Saquicela consideró que se pretende “confundir a la ciudadanía” al respecto.
Las etapas
El presidente de la Asamblea explicó que la Ley Legislativa contempla tres etapas, de diez días cada una, para la sustanciación del juicio político. Y que una vez que concluya la fase de solicitud de pruebas, a los nueve integrantes de Fiscalización les corresponderá decidir cuál de ellas deberá ser tomada en cuenta para la entrega del informe al Pleno.
Es un criterio en el que coincide con la correísta Viviana Veloz. La legisladora impulsa la interpelación a Lasso junto al socialcristiano Pedro Zapata y los asambleístas Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, quienes son parte de la mayoría opositora de la que Saquicela forma parte.
“Indicaremos la pertinencia, utilidad y conducencia en la evacuación de las mismas, no ahora sino en la práctica de la prueba porque así se hace, y en anteriores juicios políticos en los que he sido interpelante, ese ha sido el procedimiento, así que el presidente de esta Comisión se inventa normas”, sostuvo Veloz.
Saquicela aclaró que a los proponentes les corresponderá demostrar que el presidente Lasso incurrió en peculado en un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que fue suscrito en el anterior Gobierno para el arrendamiento de buques para el transporte de hidrocarburos con Amazonas Tanker.
Posibles vulneraciones
En un principio, los proponentes del juicio político solicitaron 20 pruebas documentales y 36 testigos. Pero Villavicencio advirtió que habrá problemas para requerir comparecencias, si ellos no determinan cuáles corresponden a la causal de peculado que fue admitida por “mínima verosimilitud” por parte de la Corte.
Según Veloz, una de las pruebas clave será el examen de la Contraloría que se aprobó en noviembre del 2021, en el que le alertan al Presidente de las irregularidades en la contratación de Flopec y Amazonas Tanker.
La oficialista Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, consideró que los proponentes debieron singularizar las pruebas al inicio de esta fase para que el presidente Lasso pueda defenderse.
“La Corte Constitucional ya se pronunció, indicando que se debe circunscribir el juicio político al presunto peculado por un contrato suscrito en 2018 entre Flopec y la empresa Amazonas Tanker. Cualquier otro legislador que requiera o que busque plantear o sustanciar el juicio político sobre otros hechos distintos, estaría vulnerando el dictamen de la Corte”, insistió.
La toma de decisiones en la Comisión está supeditada a una frágil mayoría: cuatro de los legisladores responden a la alianza entre el correísmo y el PSC, tres a la bancada oficialista, más los independientes Fernando Villavicencio y Bruno Segovia, desafiliado de Pachakutik.
El plazo para las solicitudes de pruebas vence el próximo domingo 16 de abril. Saquicela reconoció que el desenlace de esta causa podría coincidir con el cambio de autoridades y reorganización de la Asamblea, prevista para el 14 de mayo.
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