La notificación del Decreto Ejecutivo con la convocatoria al referéndum y consulta popular activó formalmente este proceso en las urnas. Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo acoja, el ente deberá convocarlo en 15 días y en 60 días realizarlo.
La idea por ahora es que coincida con las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023 y de los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este 29 de noviembre de 2022, el presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo 607 que incluye los anexos y considerandos de las ocho preguntas que tienen luz verde de la Corte Constitucional (CC).
El máximo órgano constitucional, a su vez, publicó ese mismo día el dictamen sobre las últimas tres preguntas que el Gobierno Nacional envió con el objetivo de incluirlas en la consulta popular.
Dos preguntas son sobre seguridad y una del incentivo tributario no pasaron el control constitucional. El Pleno de la CC en su sesión emitió ese dictamen con seis votos concurrentes y dos votos salvados parciales. Las objeciones fueron por las preguntas 1, 2 y 3 que el Ejecutivo envió en octubre pasado.
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La pregunta 1 buscaba regular el destino de los bienes decomisados de actividades ilegales y del crimen organizado. La 2 tenía la intención de calificar y tipificar el delito de extorsión y sancionar con prisión de siete a 10 años a los responsables de efectuar negocios con intimidación y por pertenecer a grupos delincuenciales.
La pregunta 3 estaba enfocada en generar un incentivo tributario para las empresas que cuenten con personas mayores a 45 años en su nómina de empleados.
Eso les permitiría recibir una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta de cada año.
Según la CC, con las tres preguntas el Gobierno proponía agregar o reformar tres artículos en dos cuerpos normativos (Código Orgánico Integral Penal y Ley de Régimen Tributario Interno).
Pero observó que en la forma en que fue planteada la propuesta de consulta popular para este grupo de preguntas “no se adecúa con los parámetros de control previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y de Control Constitucional”. En su dictamen, la Corte precisó que las reformas incluidas en los anexos de las preguntas 1 y 3 se refieren a temas que no estaban en la pregunta.
Eso desborda su alcance, afecta la libertad del elector e incumple la carga de lealtad, justificó.
Aclaró que las disposiciones jurídicas propuestas en la consulta de las preguntas 1 y 3 superaron el control material, conforme a lo previsto en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Sin embargo, al no haber superado el control formal, no pueden ser aprobadas.
La pregunta 2 (tipificar el delito de extorsión por delincuencia organizada) superó el control material, mas no el formal, según la CC. La CC también exhortó al presidente Guillermo Lasso a presentar los temas planteados a la Asamblea.