Autoridades del Consejo de la Judicatura aseguran este 23 de febrero del 2022 que la suspensión de tres meses, sin remuneración, de la jueza Karly Vargas no está relacionada con la situación jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). La magistrada lo contradice.
Los vocales de la Judicatura fueron llamados por la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional para que informen sobre la medida resuelta en contra de Karly Vargas, jueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón.
Esta Comisión fiscaliza los hechos ocurridos el 9 de febrero del 2022, cuando se cambiaron las autoridades en el Cpccs.
Vargas fue la jueza que conoció la medida cautelar presentada por la consejera Sofía Almeida, cuando los consejeros de mayoría apoyaron la moción de removerla de la Presidencia del Cpccs.
Ese recurso luego fue revocado por la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, al resolver sobre la acción de protección presentada por el consejero Hernán Ulloa.
Posición de la Judicatura
Según el presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, el 15 de octubre de 2021 se presentó una denuncia en la dirección del Consejo de la Judicatura del Guayas.
Por ello, el 10 de febrero el Pleno de la Judicatura sesionó en Guayas y emitió la medida preventiva de suspensión en contra de la servidora judicial por supuesto error inexcusable. Eso implica que no perciba su remuneración por el plazo máximo de 90 días, explicó Murillo.
El vocal Juan Morillo justificó que son jueces de un Tribunal de la Corte de Guayas quienes declararon el error inexcusable, que la sesión del Pleno, en la que se conoció el caso, fue coincidencia.
“No es que se le ha suspendido a la abogada Karly Vargas por haber dictado una de las medidas o favorecido a uno u otro, dentro del problema del Cpccs. Es otra circunstancia”, afirmó.
El vocal insistió en que no se trata de una sanción sino de una medida preventiva temporal, que el procedimiento contempla el derecho a la defensa de la funcionaria.
Legisladores cuestionan
Para el presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez, hay falta de motivación en la medida contra Vargas y cuestionó que en ese caso se haya actuado con celeridad.
El legislador Luis Almeida, tío de la consejera Almeida, considera que la Judicatura aprovechó la circunstancia para suspender Vargas.
Los vocales señalaron que no pueden actuar de oficio sino ante una denuncia y que, de existir una en contra de Ibarra, actuarían con el mismo procedimiento.
“Que si creo que la medida que se me dio fue ocasionada por la medida cautelar que se le dio a Sofía Almeida, creo que las pruebas están dadas. Los tiempos corresponden a esta situación”, dijo Vargas.