Hernán Ulloa, líder de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), informó a la Comisión de Participación Ciudadana que este 16 de febrero del 2022 un juez ordenó la acumulación de causas. Con eso se anula la medida cautelar presentada por la consejera Sofía Almeida, aseguró.
Tras más de cinco horas de sesión de la mesa legislativa, alrededor de las 15:00, los legisladores continuaron con las repreguntas a los consejeros de mayoría del Cpccs.
En este marco, el presidente de esa institución, Hernán Ulloa, puso en conocimiento de los asambleístas la última decisión en el plano judicial.
Se trata de la resolución de Ronald Cevallos, juez que subroga el despacho de Karly Vargas, jueza Multicompetente de Samborondón. La magistrada, suspendida por error inexcusable, fue quien conoció el recurso de Almeida y lo ratificó el pasado 10 de febrero.
El juez “acaba de anular la medida cautelar autónoma presentada por la consejera Almeida. Acaba de remitir para que se acumule lo actuado en la acción constitucional donde la jueza (Larissa Ibarra) nos da la razón. Declara la validez de lo actuado el 9 de febrero y de nuestras resoluciones”, afirmó.
Legisladores critican decisión judicial
Sin embargo, las legisladoras Nathalie Viteri (Partido Social Cristiano) y Mireya Pazmiño (Pachakutik) cuestionaron la legalidad del procedimiento.
Pazmiño propuso que se llame a comparecer al titular del Consejo de la Judicatura. Viteri, por su parte, no concuerda con la suspensión de la jueza Vargas.
A criterio del presidente de la Comisión, Ferdinand Álvarez, los consejeros tenían el derecho para utilizar mecanismos legales, pero la forma de cómo procedieron no es la “correcta”. Coincide en convocar a la Judicatura porque hay “un movimiento sospechoso” por la suspensión de Vargas y porque se acogió la acción de protección sobre la medida cautelar dada.
Las dos acciones jurisdiccionales tendrán que llegar a la Corte Constitucional, prevé Álvarez.