Con la destitución de Ruth Arregui, la Superintendencia de Bancos y Seguros se suma a las 10 instituciones que requieren de una autoridad principal. Corresponde una subrogación hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designe a un nuevo Superintendente.
Arregui fue destituida del cargo el 22 de febrero del 2022, por la Asamblea Nacional, con base en ocho causales referentes a la falta de control de la banca. Por ejemplo, falta de vigilancia de las actividades del sistema financiero.
El Cpccs transitorio designó a Arregui como titular de la Superintendencia y el 30 de abril del 2019 fue posesionada.
El periodo de gestión para la autoridad de esta institución es de cinco años. Arregui debía culminar su periodo en el 2024.
Sin embargo, ahora corresponde que se efectúe una subrrogación de la Superintendencia hasta que el Cpccs designe a una nueva autoridad. Eso implica más concursos por desarrollar para el Consejo.
La constitucionalista Ximena Ron señala que el “Código Orgánico Monetario y Financiero no establece qué debe suceder en caso de ausencia definitiva del titular de la Superintendencia de Bancos, por lo que este vacío debería cubrirse en analogía de lo sucedido con la destitución del Superintendente de Compañías (Víctor Anchundia)”.
Es decir, que el Presidente de la República “debe enviar una terna para que el Cpccs designe al Superintendente de Bancos, mientras eso ocurra debe asumir un subrogante”, precisó.
Instituciones con autoridades encargadas y subrogadas
El Cpccs está copado, debe llevar adelante varios procesos para nombrar autoridades de control.
Entre las entidades que tienen titulares prorrogadas o encargadas están las siguientes. La Contraloría General del Estado tiene a Carlos Riofrío subrogando funciones, su periodo finaliza el 15 de marzo del 2022.
La Superintendencia de Compañías está bajo el encargo de Dorys Alvarado Benítes. Asumió funciones el 9 de diciembre del 2021 luego de la destitución de Víctor Anchundia.
César Córdova está encargado de la Defensoría del Pueblo después de que Freddy Carrión fue destituido en septiembre del 2021.
En la Defensoría Pública está encargado Ángel Torres desde agosto del 2018.
El Consejo de la Judicatura tiene a Fausto Murillo como presidente temporal desde el pasado 3 de febrero.
Y la prórroga que se debe definir para una autoridad de la Superintendencia de Bancos.
Otras instituciones requieren el reemplazo de más de un miembro. Es el caso de la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, cuyos vocales están prorrogados en funciones tras un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Lo mismo sucede en el caso del Tribunal Contencioso Electoral.
La Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria (Copisa) y los Consejos Nacionales de Igualdad también tienen representantes prorrogados.
“El futuro en cuanto al Cpccs es bastante preocupante”, advierte el politólogo Arturo Moscoso, quien es uno de los representantes ciudadanos que, desde el 22 de febrero, revisa los informes preliminares con irregularidades de algunos concursos para la designación de autoridades.
“Todas estas cosas nos hacen ver que es un organismo que no debería existir. (…) quitarle de en medio a este organismo que simplemente ha sido un botín político para mantener el control y tapar la corrupción”, considera el experto.