La operación de las mayorías en la Asamblea volverá a ponerse a prueba con pedidos de juicios políticos en la última semana de febrero de 2022, previo al feriado de Carnaval.
Para este martes, 22 de febrero de 2022, se prevé la sesión del Pleno en la que se debatirá la censura y destitución de la superintendente de Bancos, Ruth Arregui, por supuesto incumplimiento de funciones.
A pesar de que la Comisión de Fiscalización recomendó que esta causa fuera archivada por falta de sustento, el miércoles pasado 91 legisladores decidieron continuar adelante con este proceso.
Darwin Pereira, asambleísta de Pachakutik, acusa a la Superintendenta de falta de control al sistema financiero, en temas como fraudes informáticos o renegociación de créditos, además de no impedir la operación de captadoras ilegales de dinero, entre otras causales.
Los votos
Si Arregui no logra desvirtuar estas acusaciones ante el Pleno, bastará de 70 votos (mayoría absoluta) para que corra la misma suerte de Víctor Anchundia, quien en diciembre pasado fue destituido de la Superintendencia de Compañías.
Según Pereira y asambleístas de UNES como Roberto Cuero o Gabriela Molina existen causales suficientes para que Arregui sea destituida. Con los votos de estas bancadas basta para la resolución.
El jefe de bloque de la Izquierda Democrática (ID), Marlon Cadena, consideró importante que la funcionaria pueda presentar sus descargos en el hemiciclo. La vicepresidenta de Creo, Ana Belén Cordero, rechazó que se pretenda crear la disyuntiva de quienes están “a favor o en contra de la banca”.
Sin embargo, son los pedidos de interpelación al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) los que mayores fricciones generan en la Legislatura, después de que fueran calificados a trámite por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Ronny Aleaga (Unes), vocal de este organismo divulgó un comunicado conjunto con el primer vicepresidente, Virgilio Saquicela (Ind.) y el vocal Darwin Pereira, para que se respete el orden en que estos pedidos fueron calificados.
Afirmó que primero deberá tramitarse uno contra Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo; y luego otro con los siete integrantes del Cpccs, incluidos Sofía Almeida, David Rosero y Xavier Daválos.
Denuncias
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), denunció que desde el ala radical de Pachakutik, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) se pretendería llevar al Pleno una resolución para dar prioridad al juicio político contra el Cpccs.
Villavicencio denunció que eso iría en contra de la Ley Legislativa, pues se deben tramitar primero los pedidos de interpelación al Contralor, Procurador y CNE, que fueron calificados a trámite por el CAL el 2021. Dijo que se trataba de una “trilogía de la conspiración”.
El jueves 17 de febrero, el legislador de Pachakutik Ángel Maita presentó una moción para que el Pleno, entre otras cosas, rechace la intervención de la Policía en el conflicto que vive el Cpccs. Sin embargo, solo alcanzó 63 votos y no fue aprobada.
En ese resultado fue decisiva la postura de UNES; algunos se abstuvieron y otros votaron a favor. Ferdinand Álvarez, uno de sus miembros, atribuyó esta situación a una descoordinación de la bancada.
Ana Belén Cordero (Creo) denunció que en esa sesión el ala radical de Pachakutik pretendió ingresar una moción para que investigue a las autoridades del CAL por un presunto incumplimiento de funciones. Pero no se concretó.
Llori arremete
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (Pachakutik), denunció el viernes 18 en su cuenta de Twitter una conspiración en su contra por parte de legisladores de su bancada y de UNES, a lo que catalogó de “asqueroso y vergonzoso”. El oficialismo salió en respaldo de Llori.